La decisión fue oficializada a través de la Oficina del Presidente, que vinculó al cuerpo militar iraní con los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA. También se habilitaron sanciones financieras y restricciones operativas.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica fue incluido como organización terrorista,
El Gobierno declaró este martes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica(CGRI) como organización terrorista. A través de un comunicado publicado en la Oficina del Presidente, el Ejecutivo aseguró que un brazo operativo del grupo fue responsable de los dos atentados sufridos por la Argentina, a la Embajada de Israel y a la AMIA.
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La medida fue comunicada oficialmente por Casa Rosada, que señaló: “El Gobierno Nacional ha declarado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista”.
En el texto, además, se remarcó que la Argentina fue víctima de “dos de los atentados terroristas más graves de la historia”, en referencia a los ataques de 1992 y 1994, atribuidos al accionar de Hezbolá como brazo operativo regional del grupo iraní.
El comunicado repasó que el 17 de marzo de 1992 un coche bomba destruyó la sede diplomática israelí en Buenos Aires, con un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos. Luego recordó que el 18 de julio de 1994 otro atentado demolió la sede de la AMIA, donde fueron asesinadas 85 personas y más de 300 resultaron heridas, en el peor ataque terrorista ocurrido en suelo argentino.
Sobre la base de las investigaciones judiciales y de inteligencia, el Gobierno sostuvo que ambos hechos fueron “planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”. En ese marco, recordó que la Justicia mantiene alertas rojas de Interpol sobre varios ciudadanos iraníes, entre ellos el ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi, recientemente designado al frente del cuerpo.
A partir de esta decisión, la Guardia Revolucionaria fue incorporada al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (REPET).
Según detalló el Ejecutivo, esa inscripción “habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción en el país”, además de reforzar la protección del sistema financiero frente a maniobras ilícitas.
En el cierre del comunicado, el presidente Javier Milei planteó que la medida busca “saldar una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas” y ratificó su postura de alineamiento con Occidente, con un mensaje de fuerte tono político contra el terrorismo y el crimen organizado.
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