La medida fue publicada en el Boletín Oficial y apunta a localizar a Galvarino Apablaza, acusado en Chile por el crimen de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards. La orden incluye captura y extradición.
El Gobierno formalizó una recompensa de $20 millones para quienes aporten información que permita ubicar a Galvarino Sergio Apablaza Guerra, el exguerrillero chileno que permanece prófugo y es requerido por la Justicia de su país.
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La decisión se oficializó mediante la resolución 302/2026 del Ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial, donde se precisó que los datos podrán aportarse de manera anónima a la línea gratuita 134 del Programa de Recompensas.
Según el texto oficial, la solicitud de captura y extradición responde a un pedido formal de autoridades judiciales chilenas en el marco de la cooperación internacional penal. Además, se garantiza la reserva de identidad de quienes brinden información útil.
Apablaza, exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, está acusado por el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y por su participación en el secuestro de Cristián Edwards, hijo del dueño del diario El Mercurio. Chile lo responsabiliza por “graves delitos vinculados al terrorismo”.
La oficialización de la recompensa se produjo poco después de la visita del dirigente chileno José Antonio Kast al presidente Javier Milei. En paralelo, la Justicia argentina ya había ordenado su detención con fines de extradición, pero al momento del operativo en su domicilio en Moreno, el acusado no fue encontrado.
Desde Chile, el Gobierno insistió en la necesidad de avanzar con su localización. A través de su Ministerio del Interior, reclamó que se realicen “los mayores esfuerzos” para concretar la captura, mientras la Cancillería mantiene contacto con autoridades argentinas para seguir el caso.
La orden de detención vigente fue firmada por la jueza María Servini en una causa iniciada en 2010. El proceso había quedado trabado luego de que Apablaza obtuviera estatus de refugiado durante el gobierno de Cristina Kirchner, decisión que posteriormente fue revisada en la gestión de Mauricio Macri.
El exguerrillero ya había sido detenido en 2004 bajo identidad falsa. Permaneció preso siete meses y en 2005 el juez Claudio Bonadio avaló su extradición, aunque luego fue liberado mientras apelaba. En ese período solicitó refugio ante la CONARE.
Tras conocerse la recompensa, su abogado defensor, Rodolfo Llanzón, reiteró que su cliente es un “refugiado político en Argentina” y sostuvo que fue víctima de torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet, argumento con el que busca sostener su protección internacional.
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