El humo también es culpa del Estado: autorizaron quemar tierras fiscales

Cristina de Kirchner volvió a convertir en víctima al gobierno al acusar a algunos productores por su responsabilidad en los incendios de pastizales en las islas del Delta de Entre Ríos y norte de Buenos Aires. Pidió castigar con la ley a los presuntos culpables, aunque evitó mencionar que las tierras en cuestión son en buena parte fiscales. Sus arrendatarios aseguran que cuentan con autorización del Estado para realizar ese procedimiento habitual, que permite dejar en descubierto pastos verdes aptos para alimentar el ganado. Mientras la Presidente y varios de sus funcionarios confrontaban nuevamente con el campo, la densa humareda -que obligó a suspender vuelos, circulación de vehículos y viajes en micro desde Retiro, y que generó severas molestias entre los vecinos- volvió a apoderarse anoche de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano (tras haberse disipado por unas horas, por acción del viento). Esto obligó a mantener el cierre de las rutas 9 y 12.

En un acto en la localidad de Campana, la Presidente habló de irracionalidad e irresponsabilidad en los incendios de pastizales.

El gobierno recurrió nuevamente ayer a la retórica de la victimización para anotar un nuevo capítulo en su pelea con el campo, al responsabilizar a algunos productores agropecuarios por los incendios en los pastizales de las islas del Delta del Paraná, que causan desde los últimos días una inmensa nube de humo que envuelve a la Capital Federal, el norte de la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos. Incluso, en su intento de demonización sumaba también al ex ministro de Economía Roque Fernández, y el ex titular del Banco Central Pedro Pou y propietarios de tierras en las islas Lechiguanas.

«Es obra de la irracionalidad y de la irresponsabilidad», dijo la Presidente aunque evitó mencionar a los productores, como sí lo hicieron, en cambio, el ministro del Interior, Florencio Randazzo; la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, Alberto y Aníbal Fernández, y hasta el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, con quien Cristina de Kirchner compartió un acto en la localidad de Campana.

La arremetida de la jefa de Estado contra la pestilente humareda incluyó un llamado a la «responsabilidad» y a la actuación del Poder Judicial, al sostener que «debe haber responsabilidades civiles y penales» para aquellos ( productores) presuntamente culpables de iniciar la quema para eliminar malezas y maximizar el rendimiento de los campos.

Pero a pesar de haber sobrevolado las zonas críticas, el gobierno pasó por alto un dato irrefutable: casi 70% de la zona de islas afectadas está integrada por tierras fiscales en poder del Estado entrerriano. Otras, además, integran lo que se denomina Reserva de Biosfera.

«Son hectáreas que se distribuyen mediante contratos de arrendamiento de hasta tres años, que pueden ser renovados por única vez por igual plazo», explicó un funcionario del gobierno provincial en diálogo con este diario.

Los predios arrendados se destinan exclusivamente al desarrollo de actividades ganaderas, apícolas o proyectos de inversión turística. «Quedando prohibido el uso para la explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos o plaguicidas», sintetiza la Ley 9.603.

«El promedio anual del alquiler se fija estableciendo una relación del valor del índice promedio del kilo vivo de novillo que fija el Mercado de Liniers, por hectárea y por año», amplió un productor que además contó que el gobierno provincial otorga permisos especiales para quemar cierta cantidad de extensiones.

Responsabilidad

Distinta situación es la de los campos afectados en Buenos Aires, a la altura de Baradero, y del sur de Santa Fe. Allí, la totalidad de las tierras que se queman son propiedad privada, es decir que allí sí cabe una responsabilidad cabal del propietario. Aunque en ambos casos, el Estado tiene la obligación de controlar que esa práctica común (aunque no legalizada, pero sí permitida), no genere este tipo de situaciones.

De todas maneras, el argumento le vino como anillo al dedo al gobierno en su confrontación con el agro.

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, coincidió en que el fenómeno es consecuencia de «una formidable irresponsabilidad de los productores agrícolas. Esta forma de desmalezar y generar semejante disloque ambiental se debe investigar», advirtió.

A su vez, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, aseguró que cuando se decidió el corte de la Ruta 9 se hizo para que «que la gente no avance sobre una pared de humo con el peligro que se encuentre con un vehículo del otro lado y tengamos otro accidente. Es una inconsciencia que pretendan pasar igual. Nosotros instruimos a Gendarmería para que se pongan adelante de los camiones para que regulen la velocidad y vayan con un paso asistido», dijo Fernández.

Más temprano, en dupla técnica, Randazzo y Picolotti habíansostenido estar «ante un desastre provocado por la mano del hombre». Y adjudicaron también la quema a la renovación de pastizales para la ganadería «realizada a bajo costo. No hay duda. Para la comunidad tiene que quedar claro que los responsables son algunos productores agropecuarios que están mostrando un gran desinterés por la comunidad, una irracionalidad inconcebible y una enorme irresponsabilidad. No están midiendo las consecuencias con tal de maximizar sus ganancias», acusó el ex funcionario bonaerense.