El Senado aprobó el proyecto contra trabajo en negro

Senado de la Nación.

El Senado aprobó por unanimidad y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de "Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral", que plantea sanciones y reducciones de aportes patronales para combatir el empleo "en negro".

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo contó con el voto a favor de los 57 senadores presentes durante la votación en general, aunque en particular la oposición planteó disidencias y sugirió modificaciones que fueron rechazadas por el oficialismo.

El proyecto propone la creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), donde quedarán registradas las empresas sancionadas por "falta de inscripción del empleador", falta de registración de trabajadores u obstrucción a la labor de la Inspección del Trabajo", ente otras.

Mientras las empresas figuren en el registro "no podrán acceder a los programas de fomento, beneficios o subsidios financiados e implementados por el Estado nacional, ni celebrar contratos con el mismo", así como tampoco podrán acceder a líneas de crédito de bancos públicos.

La iniciativa también fija reducciones en los aportes que realizan las empresas para alentar la contratación de trabajadores.

Según informó la semana pasada el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, las microempresas de hasta 15 trabajadores gozarán de un descuento del 100 por ciento en contribuciones patronales por cada empleo nuevo que tomen, durante el primer año.

Antes de la sesión, el oficialismo introdujo cambios en el proyecto que contemplaron algunas observacionas que se había realizado durante el tratamiento en la Comisión de Trabajo, la semana pasada.

Uno de esos cambios agrega, como una excepción a las sanciones impuestas por el proyecto, las "razones de interés público debidamente justificadas" por la autoridad de aplicación, es decir, el Ministerio de Trabajo.

También se agregó que "en los caso de declaración de emergencia regional, el Poder Ejecutivo podrá exceptuar" la aplicación de las sanciones.

Además, se modificó el artículo que establecía un descuento del 25 por ciento de los aportes patronales "para las empresas que empleen más de 80 personas durante los primeros dos años" y se estableció que sea para empleadores que tengan "hasta 80 trabajadores".

A pesar de que la votación fue por unanimidad, algunos esbozaron críticas al proyecto como fue el caso del jefe del bloque del Peronismo Federal, Adolfo Rodríguez Saá, quien remarcó que "esta ley no genera empleo, regulariza el empleo que ya existe, al margen de la ley, pero que ya existe".

Su par del bloque del PRO, Gabriela Michetti, a su turno, marcó una contradicción entre la creación del organismo que controlará a las empresas para que registren a sus trabajadores, porque "en la Ciudad hay un convenio firmado en 2001 que establece que la Ciudad tiene la potestad de inspeccionar y que la Nación cesa en su capacidad de inspección".

Por su parte, el jefe del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, destacó el "espíritu de coincidencia de todos los bloques" así como la herramienta que ofrece el poyecto de reducir cagas patronales para fomentar el blanqueo y creación de empleo.

"Uno cuando recorre la provincia muchas veces se encuentra con pequeños empresarios que plantean que les cuesta mucho toma trabajadores por la carga de los aportes patronales", afirmó el senador.