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Carlos Kunkel
Fernández vendrá así a formar bloque con Carlos Kunkel y Diana Conti en la defensa de la posición oficial de tomar el control ideológico del cuerpo colegiado y quitar representación a jueces, abogados y académicos.
Precisamente, la intención de avanzar sobre el Consejo de la Magistratura podría alcanzar otro logro si Diputados aprueba la ley que ya tiene media sanción en el Senado. De todos modos, la Justicia podría frenar su concreción si algún valiente juez tiene la osadía de ir contra el interés del gobierno. Es decir, se anima a declarar inconstitucional la reforma.
El senador Fernández llegará cuando el consejo se apresta a tratar un caso de trascendencia: el enjuiciamiento o no del juez en lo penal económico Carlos Liporace, por su actuación en la investigación del tráfico de drogas a España en un vuelo de Southern Winds.
Liporace fue acusado - antes de partir - por el consejero Juan Minguez de participar «deliberadamente en el encubrimiento de la verdad» en el caso de las «narcovalijas». Minguez hizo esta aseveración en su dictamen contra Liporace, que sería analizado mañana en el pleno, un proceso que podría terminar con la carrera del juez.
Liporace llevaba el caso por el contrabando de 60 kilos de cocaína a España en cuatro valijas que viajaron por SW, pero fue apartado por su cuestionada pesquisa en la que dictó la falta de mérito de los dueños de la compañía.
«La parcialidad en la que sucumbió el juez Liporace, dejando impolutos a quienes tenían mayor jerarquía y poder en la empresa SW y a quienes estaban de alguna manera vinculados al Estado, se nutrió para arribar al resultado buscado de numerosos artilugios que a su vez dieron nacimiento a graves irregularidades», embistió Minguez en su escrito.
La acusación incluye ocho cargos: « dilación intencionada del trámite de la causa, omisión voluntaria de investigación, falta de vigilancia sobre las actuaciones (fuga de información), entorpecimiento deliberado de la pesquisa, faltar a la verdad deliberadamente, apartamiento consciente del derecho, violación del deber de imparcialidad y afectación del derecho de defensa en juicio y del debido proceso».




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