"Empresas se exponen a pagar seguro de daños"

La asesora legal por el Estado nacional, Romina Picolotti, confía en un fallo favorable de La Haya: «Nos asisten el derecho y la razón», argumenta.

Pasaron apenas algunas horas desde que la Argentina concretó la presentación ante el Tribunal Internacional de La Haya y la asesora legal del gobierno, Romina Picolotti, aterriza en la Ciudad de Buenos Aires procedente de Córdoba, su provincia natal, para tomar contacto en Cancillería con los detalles de la gestión que los embajadores Horacio Basabe, Susana Ruiz Cerrutti y Santos Goñi realizaron en Holanda. En ese trayecto, entre el Aeroparque y la zona de Retiro, esta joven abogada de 35 años recientemente galardonada con el Premio Sofía 2006 por su acción contra los proyectos de instalación de las dos plantas papeleras en Fray Bentos, dialoga con este diario y aporta interesantes conceptos sobre los alcances de la medida efectuada en ese alto organismo de justicia. Picolotti fundó en 1999 el Centro por los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, la primera organización del mundo dedicada exclusivamente a promover y proteger los derechos humanos violados por la destrucción medioambiental y que pretende contribuir al desarrollo sustentable a través de la ilustración de la relación simbiótica entre las personas y la naturaleza.

Periodista: ¿Cuánto tiempo puede demorar todo el proceso en La Haya?

Romina Picolotti: Es difícil saberlo respecto de una medida provisional, porque no hay un patrón establecido, pero por lo general podemos esperar a que se produzca una audiencia en un mes y medio o dos meses, si tenemos suerte.

P.: ¿Y para la sentencia definitiva?

R.P.: Para la resolución del conflicto, de dos años y medio a cuatro años.

P.: ¿A qué se aspira con la medida provisional?

R.P.: Estamos solicitando que se obligue a las empresas Botnia y ENCE a detener por
90 días la construcción de las papeleras. La prevención se debería ver materializada en una medida cautelar.

P.: ¿Y qué ocurre si el tribunal no hace lugar a ese pedido?

R.P.: El proceso continúa y las plantas se siguen construyendo. Mientras tanto, avanzan otras causas iniciadas ante otros organismos, contra los empresarios, que tienen responsabilidad en el delito de contaminación en grado de tentativa. Es muy parecido al delito ecológico que tiene España y a raíz del cual fue condenada ENCE en Pontevedra por la destrucción de la ría y por el cual altos directivos fueron procesados y terminaron en prisión. Hay otras acciones cuasi legales contra los bancos. Por ejemplo, contra BBVA, ING (que ahora se retiró del proceso de financiamiento), y el holding nórdico Nordea; todos están denunciados por incumplimiento de sus propias políticas de banco.

Responsables

P.: ¿Todos son responsables en igual medida?

R.P.: Sí, todos son responsables en algún grado de lo que va a ocurrir con el río Uruguay, y de lo que ya está sucediendo.

P.: Gualeguaychú aspira concretamente a que no se construyan las plantas y no a que haya controles más estrictos de cuidado ambiental. ¿Este es un objetivo a buscar en La Haya?

R.P.: Estamos con la petición de máxima, de que no se instalen las empresas. Su funcionamiento es incompatible con el objetivo del Tratado del Río Uruguay, que es la protección de la calidad del río. Esa es nuestra petición, así que veremos cómo se desarrolla el proceso.

P.: ¿Qué ocurre si el fallo resulta adverso?

R.P.: Tendremos que acatarlo. Hay que respetar la ley. De todas maneras, el reglamento de la Corte de La Haya prevé una revisiónde los fallos, pero por la misma Corte, y eso va a ser muy difícil. Habrá que acatarlo. Pero no quiero ponerme en esa hipótesis. Estamos yendo a La Haya porque creemos que tenemos un caso muy fuerte, porque nos asisten el derecho y la razón. Es cierto que no estoy en la cabeza de los quince jueces, pero éste es un caso emblemático.

P.: ¿Se pensó ya en alguna alternativa si la Argentina «pierde» en La Haya?

R.P.: En ese caso deberíamos comenzar a exigirles a los organismos internacionales de crédito y a las empresas mismas seguros en caso de daño. Pero le repito, no quiero ponerme frente a hipótesis.

P.: Ahora es el turno de que Uruguay se defienda ante La Haya.

R.P.: Exacto. No sé cuáles van a ser los argumentos uruguayos, pero creo que la Argentina hizo esfuerzos diplomáticos para solucionar esto por la vía diplomática que se agotaron porque el Uruguay cerró esa puerta. Ante la intransigencia de Botnia a detener las obras el mismo gobierno de Tabaré Vázquez declaró que daba por concluidas las negociaciones bilaterales. Lamento muchísimo que el presidente uruguayo haya virado su posición política frente al conflicto, lo mismo que el Frente Amplio. Antes de asumir Tabaré estaba en contra de las papeleras.

Intereses


P.: ¿Qué cree que lo hizo cambiar?

R.P.: Hay muchos intereses en juego. Los tratados bilaterales de inversión firmados pueden comprometer seriamente al Uruguay. Nosotros estamos defendiendo algo que es de bien público. Ellos defienden los intereses de las corporaciones financieras europeas que pretenden trasladar sus industrias sucias a países que no tienen controles rigurososporque no los pueden tener, porque no tienen capacidad institucional. Aquí hay un interés mucho más grande, y en eso nos diferenciamos de los uruguayos que defienden a las corporaciones por encima de los ciudadanos. El río Uruguay es un recurso compartido. Y esto que ocurre es tomar por asalto el río.

P.: Aun cuando Botnia dice que va a cumplir con estándares de control europeos, ¿el tema del volumen coloca a la situación en relación con el deterioro que esos estándares darían en distinta ubicación geográfica?

R.P.: Sí, creo que estos emprendimientos, en estas condiciones, con esta magnitud, tan cercanas a las poblaciones, no serían autorizadas en Europa.

P.: ¿Cuánto hace que trabaja en el tema de las papeleras?

R.P.: Hace un año. Primero me convocó el gobierno de Entre Ríos, luego los asambleístas y ahora formo parte de la presentación ente La Haya como asesora por el Estado argentino.

P.: ¿Le molesta que se la mencione como activista?

R.P.: Siempre y cuando sea para defender los derechos de las personas no, para nada.

P.: ¿Qué opina de la intervención del gobierno nacional en el conflicto?

R.P.: Estoy muy conforme, especialmente porque se han hecho todos los esfuerzos hasta el más alto nivel del Presidente para poder solucionar el caso.

P.: ¿Hay en el país casos similares?

R.P.: Sí, por supuesto. Está la instalación de Meridian Gold en Esquel, La Alumbrera en Tucumán, y hay un caso inminente en San Juan. Que quede claro: no estamos en contra de las inversiones. Nuestro país necesita inversión, trabajo, pero lo único que exigimos es que ese proceso se realice en el marco del derecho. ¿Es mucho pedir?

Entrevista de Florencia Arbeleche