Ganancias en empresas: Gobierno blindó "progresividad" de ley y actualizaciones serán vía inflación

Política

El proyecto para las sociedades cambiará con respecto al sancionado sobre trabajadores y jubilados, ya que se renovará por precios y no por salarios. Más fondos con alícuota máxima del 35% a 2.000 establecimientos. Críticas macristas.

El Gobierno blindó ayer en Diputados el -varias veces- modificado proyecto de Impuesto a las Ganancias para las sociedades, sobre el que destacó la “progresividad” de la ley y el “alivio” para “nueve de cada diez empresas” que hoy abonan el tributo.

La iniciativa, que buscará ser dictaminada en los próximos días en la comisión de Presupuesto de la Cámara baja -comandada por el kirchnerista Carlos Heller-, aplicará escalas del 25%, 30% y 35% para las ganancias de $5 millones, de entre dicho valor y $20 millones, y desde esa cifra en adelante, respectivamente. En tanto, para los dividendos, habrá un 7% homogéneo para las categorías dentro del tributo.

Quienes se encargaron de defender el proyecto fueron la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el secretario de Políticas Tributarias del Ministerio de Economía, Roberto Arias. Ambos criticaron el Consenso Fiscal de fines de 2017 que empujó el macrismo, que apuntaba a una alícuota del 25% para las Ganancias en empresas.

Arias fue el primero en explicar que dicha situación no repercutió en las decisiones de inversión de las sociedades. “Tuvo un impacto nulo”, aseguró, y agregó que dicha situación “depende de muchos otros factores” y de la estabilidad macroeconómica del país. De hecho, dejó claro que “en los últimos 15 años, las tasas más altas de inversión la tuvimos en 2011 -Cristina de Kirchner- y 2017 -Mauricio Macri-, cuando alícuota era del 35%”.

Luego, Marcó del Pont recordó que la ley original era más “restrictiva” y que, tras enojos opositores y de incluso sectores del oficialismo, los beneficios iniciales para “siete de cada 10 empresas” mutaron a nueve. Según dijo, hay 2.000 sociedades que llegarían a la alícuota máxima, y aprovechó -como Arias- a denostar la reforma macrista de 2017, que generó “una merma de $156.000 millones” para las provincias.

Por último, Marcó del Pont expresó que con el texto que impulsa el kirchnerismo, “habrán $79.000 millones adicionales en términos de recursos tributarios de coparticipación”. A diferencia del sancionado proyecto de Ganancias sobre trabajadores y jubilados, las actualizaciones no serán por salarios, sino por inflación.

Tras la reunión -se pasó a un cuarto intermedio hasta pasado mañana-, el radical Alejandro Cacace aseveró: “El gobierno dice simultáneamente que quiere aumentar los impuestos a las empresas, al mismo tiempo dice que la mayoría de las empresas van a pagar menos, y a la vez que esto es un ‘alivio fiscal’, o sea, todos esos objetivos la reforma no los puede lograr, y claramente se está yendo marcha atrás respecto de lo que disponía la reforma de 2017, en un momento que es muy delicado para la economía del país, en donde las empresas tienen la presión tributaria nominal más alta de la región, 106% respecto de sus ganancias, y donde necesitamos fomentar el empleo, la producción y las inversiones para recuperar el crecimiento de Argentina”.

Cacace además manifestó: “Es conocido también que tienen las empresas una capacidad de trasladar los impuestos a la producción, el trabajo y a los consumidores en forma de precios, por eso este impuesto no es tan progresivo como el de Ganancias, pero sobre esto no ha habido un análisis”.

Reclamo de aliado

El diputado rionegrino Luis Di Giácomo, uno de los aliados usuales del kirchnerismo en la Cámara baja, reclamó a la comisión de Agricultura que se convoque a sus integrantes para que se modifique la prórroga de la ley ovina, que venció el 5 de abril pasado. El temor en el oficialismo es que a partir de un guiño en ese sentido, aparezcan decenas de emergencias extras en pleno año electoral.

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