La venta de los activos de SanCor quedó suspendida por decisión de la Justicia. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial hizo lugar al recurso presentado por Fidulac S.A., el fideicomiso acreedor presidido por Gustavo Scaglione, y concedió la apelación, con efecto suspensivo, contra la resolución que había aprobado el pliego de bases y condiciones para licitar los bienes de la cooperativa.
La Justicia frenó la venta de SanCor y revisará el proceso de licitación
La resolución hizo lugar al recurso presentado por Fidulac, concedió la apelación con efecto suspensivo y paralizó el cronograma previsto para vender los bienes de la cooperativa.
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La definición será clave para el futuro de SanCor, cuyos activos fueron valuados por la Justicia en u$s52,1 millones.
"En los hechos, la resolución suspende los efectos del pliego y el cronograma previsto para la licitación", explicaron a Ámbito abogados que siguen de cerca el expediente. De esta manera, el proceso de venta quedará paralizado hasta que la Cámara analice el fondo de los cuestionamientos formulados por Fidulac.
El origen del conflicto
Semanas atrás, Ámbito reveló que Fidulac había presentado un recurso para frenar la venta de los activos de SanCor al considerar que el esquema diseñado por el juez Marcelo Gelcich favorecía la fragmentación de la empresa.
En esa presentación, el fideicomiso sostuvo que vender por separado las marcas, las plantas industriales y el resto de los activos reduciría el valor económico de la compañía y dificultaría la posibilidad de preservar la actividad productiva.
"La empresa como unidad productiva presentará un mayor valor que las unidades que la integran consideradas en forma separada", sostuvo Fidulac en ese escrito, donde además denunció presuntas irregularidades en la elaboración del pliego licitatorio.
Entre otros puntos, cuestionó la falta de intervención efectiva del Comité de Acreedores, formuló observaciones sobre el funcionamiento de la sindicatura plural y objetó la valuación utilizada para fijar el precio base de los activos.
Fuentes cercanas al grupo empresario habían señalado a Ámbito que el objetivo era impulsar una solución integral para la cooperativa. "Hoy el principal atractivo económico es la marca, pero el desafío es preservar una estructura productiva que permita sostener el negocio en el tiempo. La intención es mantener integrada la operación y no limitarse a la adquisición de activos aislados", explicaron.
Qué cambió ahora
Hasta ahora, ninguno de esos cuestionamientos había sido analizado. El juez Gelcich rechazó el recurso sin ingresar al fondo del planteo al considerar que la presentación tenía un defecto formal vinculado con la firma de Gustavo Scaglione.
Ahora, la Cámara revocó esa decisión. Los camaristas entendieron que el recurso no debió ser rechazado por una cuestión formal, ya que tanto Scaglione como el abogado patrocinante acreditaron correctamente la representación de Fidulac. Por ese motivo, resolvieron habilitar la apelación para que los cuestionamientos puedan ser tratados.
Además, el tribunal consideró que la resolución que aprobó el pliego de licitación tiene una importancia decisiva porque fija los valores y el mecanismo de venta de los activos de SanCor, una decisión que podría generar consecuencias irreversibles para el futuro de la empresa.
En consecuencia, hizo lugar al recurso de queja de Fidulac, concedió la apelación con efecto suspensivo y ordenó que el expediente sea elevado para revisar la resolución dictada por el juez de primera instancia.
Qué puede pasar ahora
La Cámara todavía no resolvió si los cuestionamientos de Fidulac son fundados. Lo que decidió fue que deben ser analizados antes de continuar con la liquidación de la cooperativa. Eso implica que, por el momento, la licitación de los activos queda suspendida mientras el tribunal revisa si el procedimiento aprobado por el juez Gelcich se ajusta a la Ley de Concursos y Quiebras o si corresponde introducir modificaciones.
La definición será clave para el futuro de SanCor, cuyos activos fueron valuados por la Justicia en u$s52,1 millones, de los cuales u$s24,7 millones corresponden a las marcas y otros bienes intangibles, y sobre los que existe interés de distintos grupos empresarios.