La tragedia del local Cromañón mantiene hoy a Aníbal Ibarra a un paso de la destitución definitiva de su cargo, del que se encuentra suspendido desde que se abrió el juicio político en su contra, el 14 de noviembre pasado.
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El jefe de Gobierno porteño deberá esperar ahora hasta el 17 de enero próximo, cuando comiencen las audiencias en la Sala Juzgadora de la Legislatura, para armar una estrategia que pueda permitirle retornar al cargo de jefe de Gobierno. Para eso requiere que no se reúnan los 10 votos necesarios (dos tercios de los 15 integrantes) en la sala de juzgamiento, donde la oposición, que en la Ciudad representan el macrismo, la izquierda y el ARI, cuenta inclusive con aliados de Ibarra, como son los kirchneristas para sumar al desplazamiento.
Sin fuerza política propia, ni aliada que lo sostenga (de los tres legisladores del kirchnerismo en la sala, ya dos han votado en contra en la primera decisión que se tomó), Ibarra apelará a la materia judicial para intentar su defensa de la mano de Julio César Strassera.
Ayer, el jefe porteño insistió en criticar a esa comisión sobre la cual tiene previsto, en cualquier momento, pedir la nulidad de su funcionamiento, trámite que debería reclamar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. «Tengo la sensación de que en este juicio no hay reglas. No votaron nunca un reglamento. Todo vale», reprochó Ibarra, luego de que la Sala Juzgadora rechazara una recusación que había solicitado contra un integrante de la misma.
Ibarra dijo que comparte el «dolor» de los familiares de las víctimas de Cromañón, así como «el compromiso por la verdad y la justicia» y hasta admitió «errores».
Reconoció que «se pudieron haber hecho más cosas» por los familiares de las víctimas, pero consideró que para determinar responsabilidades «hay que mirar lo que dice la Justicia», y destacó que los principales imputados en la causa son Omar Chabán, los integrantes del grupo Callejeros -que estaban tocando en el boliche aquella noche- y ex policías.
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