A pesar de la discreción que rodeó el operativo, tal como aspiraba José Pampuro, la detención de tres oficiales del Ejército argentino conmocionó al corazón del arma que comanda el teniente general Roberto Bendini.
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El ministro-candidato había comunicado a los tres jefes de Estado mayor que se esperaban decisiones de los jueces federales que llevan adelante procesos por delitos contra los derechos humanos en dos megacausas: Cuerpo I del Ejército a cargo del juez federal Daniel Rafecas y la de la ESMA que instruye el juez federal Sergio Torres. Pero el operativo que llevó adelante la Policía Federal, la semana pasada, en dependencias de la Escuela Superior de Guerra del Ejército y del Instituto de Inteligencia Conjunto de las Fuerzas Armadas, sorprendió a todos pues las detenciones se vincularon con otra megacausa dormida hasta ahora: la del III Cuerpo del Ejército con asiento en Córdoba. Ese proceso lo lleva adelante la jueza Cristina Garzón de Lascano y recuperó actualidad luego de que la Cámara Federal de Córdoba dispusiera la inconstitucionalidad de las leyes del perdón el 18 de agosto pasado, en sintonía con el fallo de la Corte Suprema de la Nación. El principal imputado es el general retirado Luciano Benjamín Menéndez, preso en domicilio, quien se desempeñaba como comandante del Tercer Cuerpo.
No hubo movileros ni cámaras que registraran el momento en que eran esposados los tenientes coroneles retirados Carlos Villanueva y José Tofalo, ambos profesores de la Escuela Superior de Guerra, dirigida por el coronel Raúl Aparicio. Tampoco los hubo en el procedimiento del mayor retirado Aldo Chechi, profesor del Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, ubicado en el mismo edificio de la Escuela de Guerra. Todos están sospechados de violaciones cometidas en el centro de detención clandestina conocido como La Perla. De acuerdo con los organismos de derechos humanos, se calcula que unos tres mil secuestrados habrán pasado por allí camino a la desaparición, por lo que está considerado como el primer campo de la muerte de la dictadura.
Si la intención del gobierno fue quitar connotaciones políticas al operativo para no mezclarlo con las denuncias de campaña sobre «pactos desestabilizadores», el efecto se cumplió en parte. Pues cientos de los alumnos militarespresentes en la escuela Teniente General Luis María Campos, ubicada en Palermo -la mayoría, oficiales de rango intermedio-, algunos preparados en inteligencia, quedaron absortos ante el cuadro del traslado a un celular de los que hasta ese momento eran sus instructores en cátedras profesionales. Lo último que desea el ministro de Defensa ahora que está formalmente en el rol de candidato es una reacción castrense por las detenciones cuando ni siquiera la tuvo por los sucesivos descabezamientos de las fuerzas tras la asunción de Néstor Kirchner.
• Denuncias
Vaivenes de la política; este teniente coronel Villanueva encarcelado es el mismo cuyo pliego de ascenso a coronel defendió el teniente general Martín Balza -actual embajador en Colombia- cuando era titular del arma en 1997. La versión taquigráfica de la Comisión de Asuntos Constitucionales por entonces a cargo del senador Jorge Yoma ofrece un comentario de antología: «No nos vamos a comer ese garrón», ya que la subsecretaria Alicia Pierini (de Derechos Humanos) «me confirmó las denuncias que pesan sobre ese militar». Para aventar sospechas, Balza llegó a difundir un radiograma interno en el que explicaba que no se había ocultado información ni al ministro de Defensa (Jorge Domínguez) ni al Presidente de la Nación (Carlos Menem), ni a los conciudadanos, sobre el pasado de Villanueva.
En línea con el fallo de la Corte Suprema del 14 de junio pasado, la Cámara cordobesa se basó en la causa que se tramita por los secuestros y asesinatos de Humberto Brandalisis, Carlos Enrique Lajas e Hilda Palacios y Raúl Cardozo durante un simulacro de enfrentamiento con fuerzas de seguridad en diciembre de 1977, en Córdoba y dictaminó la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Este caso, conocido como «Brandalisis y otros, averiguación de ilícitos», había sido apelado por la defensa de los procesados con el argumento de que estaban amparados por las leyes del perdón.
La decisión de la Cámara Federal cordobesa reactivó la acción penal contra Villanueva, Tofalo y Chechi, todos señalados por testimonios de ex detenidos como integrantes de los grupos de tareas de La Perla y numerados en ese índex -un Veraz para el sector castrense- confeccionado por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), creada durante el gobierno de Alfonsín.
• Distancia
La Cámara cordobesa tomó distancia de su homóloga porteña, la primera en resolver la inconstitucionalidad de las leyes de Raúl Alfonsín, en un punto crítico para el gobierno de Kirchner. Declaró inconstitucional la Ley 25.779, por la cual el Congreso de la Nación había resuelto la nulidad de las leyes de impunidad en agosto de 2003. El camarista Ignacio Vélez Funes opinó en su voto que la referida resolución del Parlamento argentino «afecta la división de poderes que caracteriza al sistema republicano de gobierno» y que, por ello, «carece de ningún efecto jurídico retroactivo respecto de ninguna persona».
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