La Comisión Nacional por la Independencia Judicial solicitó al Poder Ejecutivo Nacional para que evite el "uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces que afecten su independencia", en un comunicado conjunto emitido junto a las asociaciones que nuclean magistrados en todo el país.
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La Comisión, coordinada por las ministras de la Corte Suprema de Justicia Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay, resolvió "exhortar al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir estrictamente con el artículo 109 de la Constitución Nacional y a ejercer sus facultades como poder del estado dentro del marco de las reglas procesales, evitando el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces que afecten su independencia", según el comunicado difundido por el Centro de Información Judicial del máximo tribunal del país.
También se resolvió "exhortar a los demás poderes públicos del Estado" para que "no avancen en la modificación de legislaciones locales en perjuicio de la estabilidad de los magistrados".
El comunicado está firmado por la Comisión, además de la Junta federal de Cortes y Tribunales Superiores de las Provincias Argentinas y de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación de Magistrados, que respondió históricamente al juez Ricardo Recondo y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura.
Además se pidió a las "autoridades competentes" cubrir "cargos de tribunales vacantes en tiempo oportuno, mediante el procedimiento adecuado".
Por otro lado, en el cuarto de los seis puntos del texto, se exhortó a los "titulares de medios de comunicación públicos y privados a ejercer el derecho de crítica sobre la base de opiniones y argumentaciones, evitando el agravio personal o familiar, siendo mesurados y prudentes al imputar faltas éticas o criminales que luego quedan en la nada, pero que lesionan gravemente a las personas y sus familias". Y los llamaron además a "promover el debate democrático de ideas".
Por último se solicitó al Poder Ejecutivo Nacional, a la Jefatura de Gabinete y a la AFSCA que "habiliten espacios en los horarios y noticieros centrales de la televisión pública para que el Poder Judicial pueda expresar opiniones a través de su agencia de noticias, así como la difusión de videos institucionales en programas de difusión pública".
La Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial está integrada por las tres asociaciones firmantes y es coordinada por las ministras de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco.
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