Encarece la Justicia una ley que se sancionó anoche

La Legislatura porteña sancionó ayer la ley que les permite a los abogados de la Capital Federal armar su propia administradora de fondos de pensiones y jubilaciones. Un extenso y polémico debate precedió la aprobación de esa norma, que siguieron desde las tribunas del recinto adeptos y opositores letrados.

La caja, cuya creación impulsó el Colegio de Abogados porteños, que preside Hugo Germano, se formará con el aporte de los abogados y de sus clientes, lo que encarecerá los litigios, además de restar aportes al sistema previsional.

Esas cuestiones demoraban la salida del despacho para que la ley llegara al recinto, ya que el borrador circuló varios meses por las oficinas de los legisladores, que finalmente decidieron votarla antes de terminar sus mandatos, el 10 de diciembre próximo, de modo de asegurarse que no perdería estado parlamentario y acotar la presión de los abogados para lograr el beneficio.

En un principio, incluso, se permitía que durante 12 años «la caja», como se la denomina en el proyecto de ley, no diera contraprestaciones, lo que debió cambiarse para dejar que sólo durante dos años se acumulen los aportes. Esas modificaciones se introdujeron a pedido del jefe de la bancada peronista, Santiago de Estrada, quien así también aprobó la ley.

•Privilegio

La norma constituye un sistema de privilegio que es único para los abogados del colegio de matriculados de la Capital Federal y a la vez obligatorio para todos. La ley contiene 150 artículos que dan origen al «sistema de seguridad social para abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», a cuya creación se opusieron paradójicamente el izquierdista Alexis Latendorff y el ucedeísta Julio Crespo Campos.

El macrista Oscar Moscariello se quejó en el recinto porque, además de considerar que el sistema es anticonstitucional -como lo sostuvieron desde varias bancadas-, explicó que «el principal problema radica en que ninguna ley dictada por esta Legislatura puede modificar una ley de carácter federal, sustrayendo con esto más de treinta y ocho mil aportantes al Sistema Nacional Integrado de Jubilaciones y Pensiones».

Sin embargo, Fuerza Porteña -la nueva alianza de Aníbal Ibarra- anticipó su voto positivo para la ley que impulsó, entre otros, el laboralista Enrique Rodríguez.

Del radicalismo, Fernando Caeiro sostuvo que «la caja» provoca «el encarecimiento de los gastos de Justicia, el retraso en la finalización de los expedientes y la desfinanciación del sistema jubilatorio actual» y aseguró que «nuevamente estamos creando un organismo burocrático, basado en el clientelismo político, a expensas de los vecinos de la Ciudad».

•Protesta

De parte del oficialismo, Roque Bellomo contestó que, «si bien es cierto que parte de la financiación correrá por cuenta de los litigantes, el costo será mínimo, ya que el aporte será inferior al que pagan los mismos en la provincia de Buenos Aires».

Otro macrista, Jorge Enriquez, protestó en el recinto porque, «además de su dudosa constitucionalidad, porque se permite a las provincias conservar sus cajas pero no crear nuevas, lo que constituye un punto muy serio es el encarecimiento del servicio de Justicia, el desfinanciamiento de las cajas jubilatorias ya existentes y la creación de una jubilación especial y elitista».

El proyecto se aprobó por 44 votos contra 7, pero hubo modificaciones durante el tratamiento en particular, por ejemplo el referido al porcentaje de aportes. Los mismos serán 5% sobre los honorarios profesionales y una contribución a cargo del demandado de 3%.