Envían al Congreso proyecto de ley para regularizar el empleo en negro

La Presidente mientras firma el proyecto de ley contra el trabajo en negro.

Con la intención de atacar el "segundo problema que tienen los trabajadores" (aclaró que el primero es no tener trabajo), en referencia al empleo no registrado, la presidente Cristina de Kirchner anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso para combatir la Precarización laboral y el Fraude laboral.

El objetivo, es en dos años regularizar la situación de 650.000 empleados. En el primer año se aspira a incorporar 300.000 trabajadores lo que disminuiría la tasa de informalidad laboral a 30 (actualmente se ubica en 33,5%) y en el segundo año a 28%.

Cristina, en un acto en Casa de Gobierno, manifestó su deseo de que el proyecto de ley "sea aprobado". Además, recordó que "la precarización del trabajo crea un disciplinamiento porque se acepta cualquier salario". Esto le dio pie para recordar que cuando asumieron se ocuparon de genera puestos de empleo "creando más de 6 millones de puestos de trabajo que no han llevado precisamente a lograr el último trimestre del año pasado el índice de desocupación más bajo que fue del 6,4% ".

También cuestionó a la dirigencia sindical (aunque sin mencionarla) cuando señaló: "Llama la atención cuando uno no escucha cómo uno de los principales reclamos que es que se mantenga el nivel de ocupación y que se luche contra la precarización laboral". Insistió en que "esta tarea tiene que ser una tarea en la que ayuden mucho los sindicatos" y agregó "es bueno que nunca, nunca, nunca nos olvidemos de los tienen precarizado su trabajo y todavía no consiguieron trabajo, sobre todo porque el trabajo no se ha caracterizado por ser permanente sino que tiene volatilidad".

Cristina dijo que el proyecto tiene un costo fiscal de 4.150 millones de pesos y los destinatarios serán en un 65% micro empresas unos 290.000 micro empleadores.

Luego explicó que el proyecto que tiene tres programas contemplan descuentos del 100% en los aportes patronales y que abarcan empresas que tienen de 1 a 5 empleados; de 0 a 12 trabajadores; de 16 a 80 y de más de 80 empleados.

Con la intención de incentivar nuevos puestos de trabajo puntualizó que "habrá un descuento del 100% a cada empleo nuevo que tomen; durante el primer año no van a tener que pagar contribuciones patronales" y se establecerán "políticas de prevención de fraude laboral, ya que va a haber un registro público".

Con un control de toda la información que cuenta el Estado, la primera mandataria aseguró que "cuando un empleador ha violado las normas y tiene empleo en negro va a perder todos los beneficios que recibe del Estado".

Los puntos salientes del proyecto son:

• Reducir los costos laborales micro empresas

• Fortalecer las facultades nacionales para llegar mejor a regiones y sectores rurales donde el Estado nacional tienen dificultades para controlar

• A través del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales

• El Registro servirá para incluir a las empresas que tengan infracciones (independientemente de las sanciones pertinentes) y se le aplicará restricciones adicionales que pueden ir desde la anulación de subsidios estatales hasta la pérdida de beneficios impositivos.

• Se fomentan la contratación de trabajadores formales.

• Amplían la Ley 26.476 que otorga beneficios para la contratación de nuevos trabajadores, incluirá mayores incentivos a las pequeñas empresas.

• A través de los Convenios de Corresponsabilidad Gremial, que es un instrumento que facilita la registración en actividades agrarias o forestales de gran estacionalidad.

• Se crea un Régimen Especial y Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Microempresas

• Las empresas que tienen hasta cinco trabajadores y que no son sociedades anónimas y tienen un cierto nivel de facturación anual, tendrán una reducción en las contribuciones patronales y un límite en las cuotas que pueden cobrar las ART en este sector. 

La jefa de Estado estaba acompañada, en el salón de los Patriotas Latinoamericanos, por el vicepresidente Amado Boudou; el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Economía, Ariel Kicillof; de Industria, Débora Giorgi; y de Trabajo, Carlos Tomada.

Entre los empresarios se pudo ver al titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja, por los metalúrgicos, Juan Carlos Lascurain; y empresarios vinculados al kirchnerismo el titular de la Confederación General Económica (CGE), Ider Peretti quien al término del acto afirmó que "eliminar el trabajo en negro es fundamental para dignificar el trabajo de todos los argentinos".

En tanto, por el sector sindicalista se lo vio a Hugo Yasky, de la CTA. Por su parte, Antonio Calo, quién tenía una silla reservada que dejó vacía.