En un insólito giro, el Tribunal que debió haberse encargado de valuar las empresas a privatizar convirtió preguntas de Ámbito en una solicitud formal de acceso a la información. Pero su presidente Julio Villamonte rechazó contestar porque afirmó que excedía lo que obliga la ley.
Una investigación de Ámbito generó cruces internos en el Tribunal de Tasaciones de la Nación, encabezado por el cuestionado Julio Roberto Villamonte.
Las tensiones dentro de un área de gobierno suelen quedar a la vista de todos cuando se producen enfrentamientos públicos. Sin embargo, lo que generalmente no se cuenta es que, para que se llegue a ese punto, antes las peleas internas fueron expresadas por medio de negligencias burocráticas.
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Eso mismo es lo que se está viviendo internamente dentro del Tribunal de Tasaciones de la Nación, encabezado por el cuestionado Julio Roberto Villamonte.
Como parte de la investigación publicada por Ámbito, a lo largo de una serie de seis artículos sobre el proceder del presidente del Tribunal de Tasaciones que decidió unilateralmente que el organismo que depende del Ministerio de Economía no tase las empresas que el gobierno de Javier Milei quiere privatizar, este medio contactó a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Tribunal. El objetivo era brindar la oportunidad de sentar la posición del TTN. En esa ocasión, ese área solicitó que las consultas fueran enviadas vía correo electrónico, lo cual se hizo el mismo 16 de junio.
Las preguntas remitidas por este periodista se originaron a partir de la respuesta de Villamonte ante la solicitud de acceso a la información formulada por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA). En ese expediente, Villamonte admitió que se había arrogado la representación del total del cuerpo colegiado que compone el TTN para decidir que el Tribunal no podía intervenir en las privatizaciones de Intercargo, Nucleoeléctrica, Belgrano Cargas, las centrales del Comahue, AySA y Transener.
Sin embargo, el inciso 6 del Artículo 6 de la Resolución 72/2023 objeta la conducta del presidente del Tribunal de Tasaciones: “Representar al Tribunal ante los poderes públicos, los Tribunales de Justicia, autoridades y terceros, y dirigirse a los mismos a cualquier efecto, y en aquellos de especial importancia requerir el previo acuerdo del Cuerpo Colegiado”. Ese “acuerdo previo” no fue obtenido.
En ese sentido, los interrogantes enviados por Ámbito al TTN, sintéticamente, giraban en torno de este aspecto, ya que cabe preguntarse si la imposibilidad de tasar integralmente las empresas mencionadas no son de "especial importancia" como para que intervenga el cuerpo colegiado del TTN. También se solicitaron antecedentes de este tipo de decisiones unilaterales y, finalmente, se añadió la pregunta sobre si se trataba de una contradicción o una falta al Reglamento del TTN.
Antes de continuar con el periplo, según una fuente calificada, a raíz de la investigación de Ámbito, Villamonte convocó, la semana pasada, a una reunión plenaria en la que abordó el tema de las notas que respondió en soledad. En esa oportunidad, presionó para que sea ratificada. A su vez, impuso su voluntad de que, a partir de ahora, ese tipo de decisiones, de aceptar o no las privatizaciones, debía ser sometida al plenario, como, por otra parte, sostiene el reglamento.
Retornando a la cronología de los hechos, llamativamente, el 18 de junio, seis días después de que Ámbito enviase las preguntas, este medio recibió la notificación de que la Dirección de Asuntos Jurídicos había declinado responder y había decidido constituir las consultas elaboradas por Ámbito en una solicitud de acceso a la información. O sea, traducido: le pasaban la pelota al presidente del Tribunal que era quien, a pesar de los cuestionamientos internos, había tomado la decisión de correr al Tribunal de las tasaciones de las empresas a privatizar. Todo esto bajo la decisión de fondo de Luis Caputo de que quien se debía encargar de realizar las valuaciones tendría que ser una unidad que no tenía ni un año de vida dentro del BICE, que conduce Maximiliano Voss.
Pero esto no concluyó ahí. El 7 de julio el Tribunal de Tasaciones notificó a Ámbito que solicitaba una prórroga para responder la solicitud de acceso a la información que el propio TTN había creado.
En medio de todo esto, el ministro de Economía, Luis Caputo, le ordenó al presidente del TTN, Julio Villamonte, que explicase públicamente los motivos de su decisión. Villamonte, quien ocupó el mismo rol durante el gobierno de Mauricio Macri, eligió transitar un camino que rápidamente iba a ser refutado dentro del propio Tribunal en una rebelión abierta contra su autoridad. “El Tribunal de Tasaciones no está autorizado a evaluar empresas a privatizar”, sostuvo Villamonte.
Esto generó que los enojos contra su figura dentro del Tribunal crecieran de una forma tal que ya no pudiera contenerse institucionalmente. Una fuente calificada le contestó ante la consulta de Ámbito: “Villamonte no solo desconoce las tasaciones que realizó el organismo que preside, sino que además dijo que el Tribunal ‘no está autorizado’ a tasar empresas a privatizar. Eso es falso, y es falso a la luz de la propia ley que él está obligado a conocer y a hacer cumplir. El artículo 2° inciso B) de la Ley 21.626 lo autoriza expresamente para tasar bienes que el Estado, o sociedades con participación estatal mayoritaria, proyecten enajenar”.
Cabe señalar que la ley 21.696 “designa al Tribunal como organismo rector para la tasación de bienes”. Justamente, en esa norma, el inciso D del Artículo 2 dice lo opuesto a lo afirmado por Villamonte: “Practicar tasaciones sobre todo tipo de bienes que le sean requeridas por organismos nacionales, binacionales o multinacionales de las cuales el Estado Nacional sea parte, provinciales o municipales, cualquiera sea la forma jurídica adoptada”.
Finalmente, el 30 de julio, Villamonte contestó, de forma insólita, la solicitud de acceso a la información creada por el propio Tribunal de Tasaciones que él preside, al menos en los papeles. En esa respuesta, como a las apuradas, niega cualquier tipo de contestación, alegando que “analizados los términos de la presentación, se advierte que exceden el alcance del régimen previsto por dicha ley, por cuanto se encuentran orientados a obtener interpretaciones, explicaciones o pronunciamientos respecto de actuaciones o decisiones administrativas, y no al acceso a la información obrante en esta jurisdicción”.
Llamativamente, o no tanto, el presidente del Tribunal no se animó a afirmar y por ende dejarlo asentado en un expediente oficial que, tal y como se le preguntó, no había transgredido el Reglamento interno al tomar personalmente una decisión que debía ser consensuada con el resto de los integrantes del Tribunal.