El fiscal federal Jorge Di Lello dictaminó que debe desestimarse la autodenuncia que se realizó el ex jefe de gobierno porteño y actual legislador Aníbal Ibarra, a quien legisladores del PRO habían vinculado con el espía Ciro James con motivo de las escuchas telefónicas ilegales por las que está procesado, entre otros, Mauricio Macri.
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En un dictamen de dos carillas, al que Télam tuvo acceso, Di Lello le sugirió al juez federal Norberto Oyarbide que desestime in fine (sin sustanciar) la autodenuncia habida cuenta que los hechos no encuadran en figura penal alguna.
No se vislumbra relación alguna entre ellos, por cuanto no se ha verificado quehacer alguno en el que hubiese estado vinculado el imputado James o alguno de los restantes imputados con Ibarra, afirmó Di Lello.
En ese sentido, el representante del Ministerio Público añadió que no se vislumbra en estos eventos conducta delictiva alguna que merezca ser objeto de estudio por parte de este fuero de excepción.
La causa se inició por una autodenuncia que inició Ibarra luego que legisladores del PRO revelaron en una conferencia de prensa por ellos convocada, la existencia de un convenio entre la anterior administración comunal y el imputado Ciro James, recordó Di Lello.
Fuentes allegadas a la pesquisa indicaron a Télam este mediodía que, a falta de impulso del ministerio público y de acuerdo a las normas procesales, el juez Oyarbide debería ahora desestimar la autodenuncia por "inexistencia de delito" en el obrar de Ibarra.
El fiscal enfatizó que "del comportamiento denunciado como presuntamente sospechoso -de los que el denunciante (Ibarra) tomó conocimiento merced a los dichos de sus opositores políticos- no se verifica acontecer alguno que pueda ser tildado de ilícito".
Los legisladores Martín Borrelli y Cristian Ritondo denunciaron periodísticamente el contrato del 6 de septiembre de 2002 -revocado a los cuatro meses para que James instalase un locutorio en el Parque de la Ciudad donde, según los dirigentes del PRO, "están los aparatos de escuchas de la Policía Federal y la SIDE".
"No se indica cual sería la falta o infracción cometida, ni tampoco se señala la posible conducta negligente que podría imputarse a los funcionarios que intervinieron en la firma y posterior revocación del referido contrato", concluyó Di Lello.
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