La oposición en la Ciudad logró frenar la estrategia del macrismo de iniciar juicio político al propio jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y postergó para el próximo 12 de agosto la votación sobre el proceso en contra del mandatario, según confirmaron fuentes parlamentarias a ámbito.com.
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La comisión de Labor Parlamentaria aprobó una preferencia para que se debata el próximo 12 de agosto los proyectos de ley para abrir un juicio político al procesado jefe de Gobierno porteño, y fijó la primera semana de agosto para que la comisión de Asuntos Constitucionales emita despacho sobre el particular.
El cuerpo incluyó en esa discusión también dos proyectos de resolución para que se cree una comisión especial investigadora de las responsabilidades del jefe de Gobierno en la causa que se tramita en la justicia federal sobre escuchas ilegales.
Una iniciativa es de el presidente del bloque Peronista, Diego Kravetz y otra que fue acompañada por el resto de los bloques legislativos, menos del PRO y de Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).
La comisión especial investigadora tiene la potestad de investigar a todos los funcionarios del gobierno. En cambio la comisión investigadora en el marco de un juicio político que es la que impulsa el PRO y el MST solamente puede investigar a Macri.
Junto a esas iniciativas la comisión de Labor Parlamentaria giró a Constitucionales tres proyectos de resolución para que Macri concurra a la Legislatura a debatir con los legisladores su responsabilidad en el tema de las escuchas ilegales.
Por último enviaron a Asuntos Constitucionales también un proyecto para que el Poder Judicial remita al cuerpo la causa de las escuchas ilegales.
Esa comisión está presidida por un macrista, Martín Ocampo , pero el oficialismo no tiene mayoría. Por el PRO la integran 7 legisladores (Ocampo, Martín Borrelli, Alejandro García, Gerardo Ingaramo, Oscar Moscariello, Helio Rebot y Avelino Tamargo) y 8 de la oposición: Fernando Sánchez y Sergio Abrevaya (CC), Julio Raffo (Proyecto Sur); Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro), Martín Hourest (Igualdad Social), Aníbal Ibarra (Diálogo por Bs. As.), Diego Kravetz y María José Lubertino (Encuentro Popular para la Victoria).
A pedido del propio mandatario, el PRO pretendía en la sesión solicitar que se inicie el juicio político para determinar su responsabilidad en el caso por las escuchas ilegales, causa en la cual está procesado por el juez Norberto Oyarbide y con confirmación de la Cámara Federal.
Macri salió miércoles a pedir que se impulse un juicio político en su contra, algo que menos de 24 horas antes, sus propios legisladores habían trabado. Con el fin de acelerar los tiempos, ya que en el horizonte el jefe de Gobierno porteño ya escudriña ansioso la candidatura presidencial en 2011, el máximo responsable de la Ciudad se presta a una jugada arriesgada, pero que desde su visión y la de sus correligionarios se vislumbra como una salida rápida. Sin embargo, no es tan así.
En la sesión de este jueves el macrismo esperaba contar con los 17 votos que en la pasada reunión pidieron su enjuiciamiento. Sumando a esos los 24 del PRO, se llegaba a 41, número suficiente para comenzar el proceso. Pero al no poder concretarse el plan del PRO, ahora el tema pasa a la comisión de Asuntos Constitucionales.
Si la iniciativa del macrismo prosperaba, la cuestión se debía llevar a una Sala de Acusación, integrada por 45 legisladores, de los cuales 19 responden al mandatario. Con ese número, Macri se aseguraba que allí se frene el juicio político. Pero si ese cuerpo determinaba que hay responsabilidad del jefe de Gobierno porteño en la causa, la situación cambia. Es que en la Sala de Enjuiciamiento hay 15 miembros y apenas 5 son del PRO. Para evitar la destitución necesitaría uno más y el que se anticipa clave es el de la ex macrista, actualmente con Francisco De Narváez, Mónica Lubertino, que puede ser quien defina la cuestión.
La conformación de la Comisión Investigadora es también un tema caliente. El macrismo pretende que ese cuerpo se forme de acuerdo a la "proporcionalidad" de los bloques, donde son mayoría, pero del otro lado dicen que debe conformarse por "representatividad", tal como lo establece la Constitución de la Ciudad. De esta última forma el PRO quedaría en desventaja.
Justamente, eso es lo que quisieron evitar Macri y su séquito al pedir el juicio político. Cuenta, aunque hablen de "libertad de conciencia" de sus legisladores, con que el número que manejan les alcance para evitar la destitución. Además, alegan que la Comisión Investigadora sólo alargaría los plazos desgastando aún más la gestión del jefe de Gobierno porteño y, obviamente, erosionando su eventual candidatura presidencial, sin que quede aún despejada la posibilidad de una futura destitución.
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