Las Asociaciones de Controladores Aéreos, de Pilotos de Líneas Aéreas, y la del Personal Técnico Aeronáutico junto con el ex piloto y cineasta Enrique Piñeyro y con el patrocinio letrado de la Asociación por los Derechos Civiles, presentaron una medida cautelar por el funcionamiento de Ezeiza y Aeroparque. La presentación de la medida provocó que la Justicia intimara al Estado para que en 2 días informe sobre el funcionamiento de los radares en ambos aeropuertos y sobre las medidas de seguridad en el tránsito aéreo que se están desarrollando. El interrogante llega sin que a la fecha se tenga un cronograma preciso del arribo de los radares de alquiler que gestionó la Secretaría de Transportes. Se trata de radares secundarios de la empresa española Indra, que según el secretario Ricardo Jaime estarían aquí en dos meses. Ese conglomerado español se adjudicó en diciembre en Uruguay «el suministro y puesta en funcionamiento de dos sistemas radar», un contrato de 25 millones de dólares pero son modelos para uso militar.
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También Defensa había anunciado la llegada de otro equipo: un radar tridimensional Lanza, que usa el Ejército del Aire de España, para utilizarlo como primario en apoyo del viejo Thomson de Ezeiza. Al parecer, la demora tiene condimentos políticos. Es que ese aparato -fabricado por Indra- tiene componentes específicos de la OTAN, opera en una banda de frecuencia aliada y requiere de la autorización expresa del gobierno español para que el país receptor pueda utilizarlo.
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