Informe Fernando Brovelli.-
Mi Cuenta Salir
Juan Martín Paleo consideró "innecesaria" la iniciativa del oficialismo que apunta a que las Fuerzas Armadas intervengan en situaciones internas.
Juan Martín Paleo, exdirector de las FFAA.
Informe Fernando Brovelli.-
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
En una nueva jornada de debate en Diputados de una serie de iniciativas del oficialismo, el exdirector de las Fuerzas Armadas (FFAA) Juan Martín Paleo se refirió al proyecto que pretende la reforma de la ley 24.059 de Seguridad Interior, presentado por Luis Petri, Patricia Bullrich y Guillermo Francos.
La iniciativa habilita a las FFAA a participar en actividades de seguridad interior "en caso de acciones terroristas" sin necesidad de acudir a la declaración de estado de sitio. Sus funciones alcanzarán el "control de población, instalación y operación de puestos de control fijos y móviles para vehículos y personas; asegurar y acordonar una zona; control de multitudes; empleo de equipo antidisturbios; procedimientos para cooperar con la policía local y/o policía internacional". Además, incorpora al Servicio Penitenciario Federal como espacio de intervención y habilita el uso de su arsenal e infraestructura y permite el intercambio de recursos de inteligencia.
Hasta este martes, habían sido invitados dos defensores de la iniciativa: el actual ministro de Defensa, Luis Petri, y el extitular de esa misma cartera Horacio Jaunarena (tres períodos, 1989-1989, 2001 y 2002-2003). A diferencia de ellos, Juan Martín Paleo, graduado del Colegio Militar en 1983 y jefe de las FFAA en el período 2020-2024, consideró que "el proyecto de ley es innecesario, porque con el marco actual vigente las Fuerzas Armadas pueden ser empleadas, previa declaración del estado de sitio". Además pidió prudencia, porque sino "vamos a soltar al Rottweiler".
"El único que se protege con esto es la autoridad política que impartió la orden", entendió Paleo y anticipó que "esto abre una puerta para que nuestros oficiales y suboficiales, porque son ellos los que van a estar en primera línea, deban desfilar nuevamente por los tribunales explicándole a un juez sobre la proporcionalidad de sus actos". El comentario toma pertinencia dado que Luis Petri fue consultado en comisiones por el grado de aceptación de la reforma dentro las FFAA. En ese momento, respondió: "Las FFAA son verticales, no trabajan por consenso: se tienen que subordinar a la ley".
Durante la reunión en la Comisión de Defensa Nacional, Juan Martín Paleo introdujo su postura sosteniendo que "nuestro país tiene una visión de lo que es la agresión que está basada en un criterio geográfico, es decir que considera desde dónde viene". Luego, lo contrapuso señalando que "la visión que tiene que tener el Estado, sobre todo en los términos del conflicto a los que el escenario internacional pareciera dirigirse, es la intensidad de la agresión".
Luego dijo que el consenso democrático estableció que "las FFAA debían dejar de ser un factor de poder político. Las restricciones que se imponen al empleo del instrumento militar, de índole presupuestaria y legales, responden a esa lógica, que ya no existe". En ese sentido, apuntó que la intervención militar debe darse "cuando la amenaza que se está enfrentando es la invasión de otro país empleando submarinos y aviones" o "en defensa de la Constitución. Ahí habría que ver qué grado de empleo de la fuerza se utiliza para defender la continuidad del Estado".
Finalmente, y en referencia al proyecto de ley, remarcó que "el factor del éxito de una operación contra el terrorismo es la anticipación, y el proyecto de ley propone el empleo por reacción y aparte con procedimientos inadecuados". Sobre estos, dijo que el control civil es "propio de fuerzas de seguridad policiales" y entendió que las situaciones internas con "eficaz inteligencia, coordinación entre las fuerzas del Estado y con voluntad política perfectamente pueden enfrentarse".
Luego de él, llegó el turno del abogado Félix Lonigro, quien entendió que la reforma "no cambia de que las FFAA puedan participar porque eso ya está" y entendió en ese marco que "no hay ninguna inconstitucionalidad en el proyecto. Hasta se promueve la participación con más cuidados y previsiones que la que tiene la ley actual, siempre en el marco de una ley penal”.
Dentro del paquete de reformas del Código Penal y otras iniciativas legislativas que conforman la agenda de seguridad y Justicia, el oficialismo otorgó prioridad a los siguientes proyectos: