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Los delitos electorales, estrechamente vinculados al sistema político-electoral del que dependen y al que se hallan destinados a proteger, no son los mismos en todos los países ni tampoco lo han sido en diversas etapas de la historia. Así como en los sistemas monárquicos el crimen político más grave es la lesa majestad, en los regímenes republicanos como el nuestro es aquel que atente contra la soberanía popular.
En orden a la importancia atribuida a los postulados enunciados, el nuevo texto de la Constitución nacional (reforma de 1994) introduce un nuevo capítulo a la Constitución de 1953 bajo el título
En consecuencia, cualquier acción u omisión que amenace estos principios, tendrá necesariamente que ser prohibida y castigada.
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