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Ambos estaban al frente de la empresa "Security Strategic Consultancy SRL", donde se secuestraron los pedidos de informes comerciales hechos sobre los legisladores Silvia La Ruffa, Diana Maffía y Gonzalo Ruanova, además de uno por Patricio Datarmini, del gremio de Municipales y otro del propio jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta.
A través de esa consultora privada y en momentos en que eran titulares de la fuerza de seguridad, Palacios y Chamorro buscaron de información patrimonial y financiera sobre diputados de la oposición para entregar al gobierno porteño. En agosto pasado, la Sala I de la Cámara Federal consideró que esa maniobra fue una forma de "producción de inteligencia prohibida".
A Palacio la Cámara le imputó los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, mientras que lo mismo le atribuyó a Chamarro, pero con el agregado de que encubrió y omitió hacer la denuncia.
En la otra causa donde ya hay pedido fiscal de elevación a juicio, Palacios está procesado junto con Macri por el supuesto delito de "asociación ilícita" a raíz del engranaje montado para escuchar de manera ilegal comunicaciones a distintos afectados, mediante el uso de órdenes judiciales firmadas por jueces de Misiones y que eran instrumentadas por la SIDE.




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