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Inversores extranjeros y el FMI han expresado su oposición a la norma, por el temor a que genere una ola de incumplimientos de parte de empresas endeudadas.
La ley dispone la suspensión por 180 días de ejecuciones de bienes por incumplimiento de pago de deudas y de los pedidos de quiebras.
Pero esa suspensión será en realidad más extensa ya que, al no aclararlo en forma explícita, la Justicia interpretará el período establecido como de días laborales y no consecutivos, explicó el especialista en Derecho Comercial
La ley, llamada «de emergencia productiva y crediticia», fue aprobada en el Congreso con el objetivo de dar un respiro a las golpeadas empresas locales tras casi cuatro años de recesión.
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