El acuerdo entre Roberto Lavagna y Néstor Kirchner podrá revolver la interna peronista, preocupar a Martín Lousteau y hasta calmar a los seguidores del ex ministro, que después del tercer puesto conseguido en la elección presidencial en sociedad con el radicalismo fueron expulsados a una Siberia política de la que hasta hace 15 días no sabían si podrían volver. Pero en ninguno de esos casos la noticia causará tanto efecto como entre los ex funcionarios que acompañaron a Lavagna en las áreas legal y de Finanzas del Ministerio de Economía cuando se desarrolló uno de los tramos más polémicos del escándalo conocido como el caso Greco.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Ese intento de pagar u$s 200 millones en bonos por una deuda más que cuestionada a través de una ley de emisión de bonos donde la orden de libramiento estaba «encriptada» dentro de el nada revelador rubro de «pago a proveedores».
Esa maniobra tuvo dos momentos cuestionados: cuando los abogados del Ministerio de Economía le consintieron ante la Justicia la deuda a los Greco -sin oponer las defensas que inclusive ya estaban pedidas- en épocas de Lavagna y cuando Felisa Miceli mandó el proyecto al Congreso para apurar el pago.
Todas las investigaciones indicaron que en las dos etapas hubo irregularidades. Pero, repentinamente, durante la campaña presidencial se frenó todo avance judicial. Ni siquiera se emitió aun un esperado informe de la Auditoría General de la Nación. Fue casi al mismo tiempo que los radicales comenzaron a quejarse por la falta de colaboración de Lavagna en la campaña que precisamente lo tenía como protagonista.
Dejá tu comentario