Sin sorpresas, el capítulo judicial retoma pack del 2020 y suma a "notables"

Con varios dardos y muchos interrogantes se insistirá en reformas que quedaron trabadas en Congreso y proyectos sugeridos por consejo consultivo.

Fabián Marelli

El capítulo judicial del discurso de apertura de sesiones ordinarias no ofreció sorpresas. Más allá del anuncio de la querella penal contra el expresidente Mauricio Macri y sus funcionarios por el préstamo contraído con el FMI durante su administración (que ya había sido denunciado hace años ante la Justicia federal), en lo demás, fue una continuidad de la agenda 2020 con algunas pinceladas aportadas por el consejo de “notables”. Sin nombres propios, pero con alusión directa, el presidente Alberto Fernández le “rayó el auto” a la Corte Suprema –haciendo referencia a la ausencia de información pública sobre sus declaraciones de bienes-; mencionó el caso del camarista de Casación Gustavo Hornos por sus reuniones en la Casa Rosada durante el macrismo; señaló hacia el sillón de la jueza que quizás era más cercana a él, Elena Highton de Nolasco por haber excedido el límite de 75 años; y cargó con fuerza contra el fiscal Carlos Stornelli, a quien le adjudicó relaciones “actuales” de poder y no “residuales”, en una ironía sobre la denominada “doctrina Irurzun”.

Insistió con dos proyectos frenados en la Cámara de Diputados, justo al lado de Sergio Massa: la “reforma judicial” que es en realidad un plan de fusión y ampliación de cargos y juzgados y la modificación de la Ley de Ministerio Público Fiscal para flexibilizar nombramiento del procurador. En ambos, el pronóstico es reservado y un problema exclusivo de la política, no del mundo judicial. Lo más novedoso y tomado del informe de los “notables” es el tribunal intermedio o de “sentencias por arbitrariedad”, una suerte de descompresión hacia la Corte sobre causas que no requieran análisis final de constitucionalidad. Pero como en tribunales se invierte la Ley de Gravedad y todo sube, las chances de que ese tribunal bloquee la opción de ir luego hacia la Corte son nulas si no se pretende naufragar en la inconstitucionalidad. En síntesis, la idea crearía una instancia más.

En ese paquete de ideas que circulan, el Presidente mencionó la reforma del recurso extraordinario (vía de acceso a la Corte) y para restringir la discrecionalidad de aplicación del “artículo 280” para desestimar causas sin explicar motivos. A priori, no habría objeciones ni siquiera en el cuarto piso del Palacio de Tribunales con esas iniciativas.

Quizás el hito más inexplicable de los mencionados en el discurso fue la promesa de modificar también el formato e integración del Consejo de la Magistratura con el objetivo de “despolitizarlo”. El Consejo es el órgano de conducción política del Poder Judicial donde se dirime la selección y la sanción a los jueces. Allí es también donde, desde fines del año pasado, el bloque oficialista había conseguido aceitar una mínima dinámica para sacar adelante concursos clave tendiendo puentes hacia algunos miembros del bloque opositor. Pero sobre todas las cosas, el actual esquema había sido pensado por quien estaba sentada, ayer, a la izquierda del presidente, la entonces titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado Cristina de Kirchner, en 2006. El Consejo Consultivo propuso una fórmula de 4 estamentos: 4 políticos, 4 académicos, 4 jueces y 4 abogados. Si el experimento sigue esos lineamientos, el peso de la política se reduciría notablemente si no conquista al mundo académico para armar un bloque de poder. Todo mientras la Corte estira definiciones sobre la inconstitucionalidad del actual diseño precisamente con demandas que lo señalaban por desbalanceado. Alberto F. parece abonar a esa tesis.

Querella

La querella criminal que se dirigirá contra Macri no es nada menos que una acción penal dirigida contra los funcionarios que participaron del proceso de toma del crédito del FMI. Es lógico que no se haya hablado de una nueva denuncia –pese a que el mensaje fue leído como si hubiese sido una novedad- ya que desde 2018 existen varias denuncias del mismo calibre y por los mismos hechos: defraudación al Estado y malversaciones de caudales públicos por la forma (presuntamente incumpliendo la normativa para la toma de deuda sin participación simultánea del Congreso) y posterior destino de los fondos recibidos del FMI. Claudio Lozano, Guillermo Moreno, Juan Grabois fueron solo algunos de los denunciantes. El juez Julián Ercolini desestimó por ausencia de delito. El fallecido fiscal Jorge Di Lello apeló. El fiscal de Cámara Germán Moldes no sostuvo la apelación. Sin embargo, otras quedaron agrupadas y tramitaron en paralelo en el juzgado de María Eugenia Capuchetti con la instrucción del fiscal Franco Picardi. El 28 de diciembre de 2020, Picardi formuló un completo requerimiento de instrucción y solicitó prueba respecto a las decisiones en torno a la primera carta de intención y si los funcionarios intervinientes obtuvieron para sí o terceros beneficios económicos, y si existió violación de preceptos legales. Allí ya están imputados desde Macri y Nicolás Dujovne hasta Christine Lagarde y David Lipton. El BCRA dio ayer el primer paso solicitando una “auditoría” a la SIGEN y dándole participación a la Oficina Anticorrupción. Con esos hallazgos, el siguiente paso será constituir la querella penal a través de la Procuración del Tesoro, que conduce Carlos Zannini.