En segunda instancia, la Justicia ordenó al Gobierno a aplicar la ley de Financiamiento Universitario. "Este fallo abre otro escenario", dijo la principal autoridad de las universidades.
Bartolacci fue electo presidente del Consejo Interuniversitario Nacional el pasado viernes.
Durante la segunda semana de paro en universidades en reclamo del cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, la Justicia ordenó que al Gobierno que haga efectivo su implementación, considerando que estaba en juego “el derecho a enseñar y aprender” y que “no se observaba una afectación al interés público” por destinar fondos para salarios docentes y no docentes y para becarios. Aún restan definiciones para los gastos de funcionamiento.
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"Es una gran noticia y una decisión extremadamente relevante para toda la comunidad universitaria del país en el contexto delicado que estamos atravesando", resume para Ámbito Franco Bartolacci, electo como presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en un plenario realizado el pasado viernes luego de una gestión como vicepresidente. "La decisión judicial es de cumplimiento efectivo. Aún cuando el Gobierno nacional decida recurrir a la Corte, debe cumplir con lo dispuesto por la justicia", recordó.
La decisión de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dio curso a la medida cautelar solicitada por las universidades que solicitó la implementación efectiva de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. En el primer caso, se propone una actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas sujeta a la inflación que existió entre diciembre de 2023 y la sanción de la ley, además de establecer una convocatoria paritaria trimestral. La misma medida de aumento de valor impactaría en las becas, cuyo deterioro es explícito: las Becas Belgrano para carreras estratégicas, cuya convocatoria cierra el próximo 3 de abril, ofrece un estipendio de $81.685 mensuales.
Según el último informe del CIN, el incremento salarial debería estar en el orden del 47,3 %, mientras que el correspondiente a becarios debería superar el 95%. La ley representa un 0,23% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Al respecto de la decisión de la Cámara, Bartolacci analizó que "el fallo es muy claro en sus fundamentos y ratifica las razones que hemos venido planteando: que se trata de una ley razonable, que no compromete fiscalmente al Estado y que resguarda el derecho al acceso a la Educación Superior. Lo que resta ahora es que el Gobierno aporte esas respuestas, cumpliendo con lo que la ley dispone".
En diálogo con este medio luego de conocerse el fallo judicial, el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) reiteró que desde las instituciones académicas "hemos extremado todas las acciones para poder encontrar respuestas".
Periodista (P.): ¿Cómo se imagina las instancias de implementación de la ley, una vez que se hagan estas erogaciones presupuestarias para el personal universitario y para los becarios?
Franco Bartolacci (F.B.): Vamos a esperar a ver qué decisión toma el Gobierno nacional y en función de eso evaluar la situación y las acciones a seguir. A lo que aspiramos nosotros ahora es que en el corto plazo tengamos una respuesta favorable, es decir que el Gobierno haga lo que corresponde, que es cumplir con la orden judicial.
P.: ¿Interpreta que existió un cambio de postura del Gobierno este año para convocar a las autoridades universitarias en febrero? Incluso usted participó de una reunión con funcionarios de Educación.
F.B.: No he visto en todo este tiempo voluntad real y concreta del Gobierno nacional de solucionar el problema universitario. Nosotros hemos sido muy responsables, en el sentido de que priorizamos siempre los caminos institucionales. Fuimos a gestionar ante las autoridades y no tuvimos respuesta. Fuimos al Congreso de la Nación en dos períodos legislativos y logramos sostener una ley de financiamiento -frente a un veto- con una mayoría agravada, con lo difícil que eso es. Cuando se aprobó la ley, intentaron derogarla en el marco de la discusión presupuestaria con una composición nueva del Congreso y logramos sostenerla. Cuando decidieron no aplicarla, fuimos a la Justicia.
Lo que corresponde ahora, frente a esa falta de voluntad, es que si no hay convicción, que haya respeto a la ley y del Estado de Derecho y que se cumpla con lo que la ley dispone.
P.: Esta noticia se conoce en medio de la segunda medida de fuerza del mes de los gremios docentes y no docentes. Se habían anunciado ya una Marcha Federal para abril. ¿Sigue en pie?
F.B.: Este fallo abre otro escenario, pero de todas maneras hay que esperar la decisión que tome el Gobierno nacional y en función de eso evaluaremos los caminos a seguir con lo que planteen las entidades gremiales, con lo que planteemos desde el CIN y lo que plantee el conjunto del sistema universitario.
P.: Contemplando que falta ver qué sucede, ¿se imagina algún plazo de normalización del sistema universitario?
F.B.: Es lo que demora en aplicarse la ley de financiamiento universitario. Lo hemos dicho hasta el cansancio: lo que resuelve los problemas que nosotros tenemos es lo que estipula la ley de financiamiento universitario.
P.: Usted fue elegido el pasado viernes como presidente del CIN en la última reunión plenaria. ¿Qué sensación le dejó?
F.B.: Es una responsabilidad enorme y un honor que todos los colegas del país me hayan designado esta responsabilidad, en un momento de tanta precariedad y tantas dificultades para el sistema universitario. Lo asumo con mucha responsabilidad como un reconocimiento a la comunidad de la UNR, que es mi universidad de origen. Buscaré hacer mi mejor aporte para el desafío del presente, que es sostener en pie el sistema universitario y científico nacional.
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