Garantismo forzado

Si no manifestase el gobierno una inquina especial hacia los uniformados de toda especie, sería comprensible una reforma que actualice los códigos militares, nacidos en otra época y bajo gobiernos castrenses. La que anuncia ahora el gobierno busca forzar el ingreso del garantismo en los cuarteles, llevando delitos al área civil con actuación de abogados comunes. Quedará un código especial para tiempos de guerra, comprensible ya que se dan situaciones de urgencia sumaria que impedirían esa actuación civil. En el país que se vive hoy, este tipo de reformas parece buscar, bajo la justificación de dar más garantías a los militares bajo juicio, quebrar la disciplina militar y debilitar su estructura. En el proyecto de reforma de la Justicia militar actuó, cuándo no, el polémico CELS de Horacio Verbitsky, cuyos empeños caminan con más facilidad los despachos oficiales que proyectos más necesarios para aliviarle al público otras urgencias.

Eugenio Zaffaroni

Nilda Garré recibió ayer el proyecto del nuevo sistema de justicia militar que aumenta la injerencia de los tribunales ordinarios (jueces civiles) en el ámbito castrense. De acuerdo con lo previsto, se derogará el Código de Justicia Militar, se creará un reglamento disciplinario para faltas militares y un código para aplicar sanciones en tiempos de guerra.

La propuesta elaborada remite el juzgamiento de los delitos comunes al Código Penal y a la acción de la Justicia del fuero respectivo. Por caso, con esta ley el jefe del Ejército, Roberto Bendini, que tiene una causa abierta por supuesta malversación de fondos, debería ser juzgado por jueces civiles y no por sus colegas.

Precisamente su situación está en análisis porque hay quienes opinan que debe ser la justicia militar la que intervenga.

El proyecto propone una segunda ley referida al Procedimiento Penal Militar en Tiempos de Guerra y una tercera norma para establecer un Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, que prescriba las faltas de carácter administrativo. En todos los casos se indica que los fallos y sanciones producidos en el marco de estos procedimientos serán apelables ante la justicia penal.

Elaborado por un equipo de juristas encabezados por el juez supremo, Eugenio Zaffaroni, el proyecto acentúa el derecho de defensa y de debido proceso para los uniformados. Tanto en el caso de faltas administrativas como las cometidas en tiempos de guerra, los militares deberán ser defendidos por un abogado matriculado: se deroga entonces el actual sistema según el cual eran defendidos por otros oficiales en el ámbito de la justicia castrense. Zaffaroni ya confeccionó un código fue para la Aeronáutica que le valió duras objeciones cuando fue postulado para la Corte Suprema.

Más trabajo para los abogados de la matrícula y seguramente menos disciplina en los cuarteles con este «tsunami» de garantismo. Ante una orden, la respuesta será: «Pido apelación, tengo derecho a una llamada y a un abogado».

Injerencia civil

El plan, si bien da más garantías y posibilidades de defensa a los integrantes de las Fuerzas Armadas, aumenta la injerencia de las autoridades civiles en el ámbito castrense. Y se enmarca en las reformas promovidas por Néstor Kirchner -como la reglamentación de la Ley de Defensa-para quitar poder de decisión y de operación a los uniformados.

El proyecto recibido por la ministra de Defensa, Nilda Garré, tiene al Código Penal como su norma central y deroga el actual código castrense, vigente desde 1951. La comisión que elaboró el proyecto inició sus tareas el pasado 6 de marzo y está integrada por Zaffaroni; el jurista Alberto Binder, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales ( INECIP); la magistrada Mirta López González, representante de la Asociación de Mujeres Jueces; Diego Frydman, por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento ( CIPPEC); el doctor Gabriel Pablo Valladares, como representante de la Cruz Roja Argentina, quien actuará como observador; el contraalmirante José Agustín Reilly, auditor general de las Fuerzas Armadas; el coronel auditor Manuel Lozano; el doctor Alberto Bovino, por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que domina Horacio Verbitsky; y funcionarios del área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. También integran la comisión el polémico secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Alejandro Slokar.

Los ejes de la reforma propuesta por la comisión incluyen la erradicación de la pena de muerte y el tratamiento de los delitos esencialmente militares en la órbita de la Justicia común. «En los trabajos de la comisión redactora se observó que las tipificaciones del vigente Código de Justicia Militar corresponden a conceptos arcaicos, incluso desde el punto de vista de la guerra contemporánea, muchas vecesinaplicables, desde que se remontan a textos españoles del siglo XIX que, a su vez, se inspiraban en otros del siglo XVIII», informó un comunicado de Defensa.

Garré entregó ayer copias del anteproyecto a cuatro representantes de los estados mayores Conjunto y del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Al mediodía, recibió al jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier Jorge Chevalier, y al de la Armada, almirante Jorge Godoy. Ahora el Ministerio de Defensa consultará además a departamentos de derecho penal, derecho público y ciencias políticas de universidades nacionales. En cuanto concluyan estas rondas de consulta y análisis, Defensa elevará el texto eventualmente revisado al Poder Ejecutivo, que a su vez lo elevará al Congreso para que sea tratado por ambas Cámaras.