El desembarco del FMI en el país la semana que viene aceleró la firma de acuerdos bilaterales entre Nación y las provincias para ajustar el déficit 2002: hoy se sumarán las aliancistas Mendoza , Chaco y Entre Ríos. En tanto, anoche se hablaba de que los gobernadores Felipe Solá y Carlos Rutemann viajarían a EE.UU. para negociar directamente con las autoridades del FMI y plantearles en forma personal las dificultades que atraviesan las provincias para cumplir con el recorte de gastos. Sin embargo esa posibilidad quedó relativizada anoche desde La Plata por el propio Solá, que dijo que el viaje solo se realizaría si la Nación lo pidiera.
El gobierno de Eduardo Duhalde espera tener abrochada, antes de la semana que viene, cuando llega al país la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), la adhesión de los principales gobernadores de la UCR al pacto fiscal.Anoche, en la cartera de Interior confiaban que ese propósito podría alcanzarse esta tarde. Voceros oficiales dijeron que hoy firmarán el chaqueño Angel Rozas, el mendocino Roberto Iglesias y el entrerriano Sergio Montiel.
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Pero ese logro estaría opacado por la intención del bonaerense Felipe Solá y el santafesino Carlos Reutemann de puentear la negociación nacional y plantear el diálogo directamente entre ellos y el Fondo.
Así lo confiaron ayer fuentes del PJ, que anunciaron que los mandatarios -en representación del resto-viajarían a Washington a negociar con el FMI la flexibilización de algunas pautas de recorte en los gastos provinciales. Sin embargo, anoche desde La Plata el propio Solá relativizó el tema y dio que "sólo viajaremos a Washington si la Nación lo pide".
Al margen de eso, ante los enviados del Fondo, Nación podrá computar el compromiso de quince administraciones provinciales -sobre 22 (San Luis y Santa Cruz no van a firmar)- para reducir el déficit fiscal. Todavía quedarán pendientes Formosa -única peronista sin firmar-, el rebelde AlfredoAvelín de San Juan, Oscar Castillo de Catamarca, el neuquino Jorge Sobisch y el radical correntino Ricardo Colombi. Ayer, en Gobierno indicaban que Colombi, que está desde el miércoles en Capital Federal discutiendo los términos del acuerdo, también podría incorporarse a los firmantes de hoy.
En términos políticos, la inclusión de Rozas es clave por tratarse del jefe del radicalismo. En tanto, la de Iglesias y Montiel resulta relevante porque son la quinta y sexta provincia más importantes del país, respectivamente, en producto bruto geográfico.
Los radicales venían reclamando un trato especial, apoyados en los beneficios que lograron Solá y Reutemann: Buenos Aires bajó de 60% a 50% la exigencia de reducir el déficit y a Santa Fe le cancelaron 20 millones de deuda. Rozas reclama una deuda superior a los 100 millones; Mendoza, un plan de pago de 40 millones pendientes, y Entre Ríos, permiso formal para continuar con la emisión de bonos federales, y pax interna con el PJ local que, hace un tiempo, intentó desplazarlo.
Por otro lado, desde Nación reaccionaron ayer ante el recelo que expresó Reutemann el miércoles cuando aclaró que no firmó «ningún pacto fiscal» sino, apenas, una «carta de intención» que se refrendaría, en la letra fina, en 40 días.
El subsecretario de Relación con las Provincias, Alejandro Arlía, dijo, en tanto, que en 15 días se firmarán los acuerdos definitivos con las provincias de mayor significación. No aclaró si en ese grupo incluye o no a Santa Fe. Asimismo, dijo que la única administración que firmó el acuerdo final fue Buenos Aires, mientras el resto (de las grandes) suscribió «actas de intención» que todavía deben ratificarse con pactos bilaterales.
Al respecto destacó que los gobernadores que firmaron hasta el momento manejan administraciones que concentran «90%» del déficit consolidado total de las provincias.
«Para el FMI, el avance de firmas definitivas tiene que ser con un conjunto significativo de provincias, y la significación está dada por la representatividad que tienen las jurisdicciones en términos de déficit», completó. Por último, indicó que Economía puede emitir otros 300 millones de LECOP antes de completar la autorización tope para bonos nacionales, que llega a 3.300 millones.
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