Gobierno abre archivos del estado de aviones civiles
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A partir de mañana, las
empresas aerocomerciales
deberán informar a los
usuarios sobre el estado de
sus aviones, cumpliendo así
una orden dada por la Corte
Suprema de Justicia.
Pese al cumplimiento de la intimación de la Corte Suprema, es poco probable que la Dirección de Aeronavegabilidad asuma el rol de inspeccionar cada una de las naves que surcan el espacio aéreo argentino. Y es en este punto donde puede estallar la polémica.
Expertos aeronáuticos sostienen que ese organismo no tiene como función específica realizar controles rutinarios del estado mecánico o técnico de un avión. Sólo se limita a certificar el estado de la aeronave al momento de la inspección. Es decir, su papel se ciñe a habilitar aeronaves, motores y hélices, pero no el control mecánico. Vendría a funcionar como un registro de automotorque sólo se encarga de otorgar la cédula verde y controlar que la documentación del vehículo esté en orden, pero no realiza la verificación técnica.
Se trata de un acto de contenido simple, sin especificación alguna, emitido conforme al Reglamento Nacional de Aeronavegabilidad de Argentina y en cumplimiento de las obligaciones asumidas por ésta al suscribir el Convenio Internacional de Aviación Civil de Chicago.
Según este criterio, la seguridad de los vuelos quedaría bajo exclusiva responsabilidad de las empresas que operan el territorio.
«Puede que en un día un avión salga de servicio por cualquier razón, pero ello no implica que se le quite la certificación y se le impida volar. Simplemente, porque una vez realizado el mantenimiento o la evaluación técnica, volverá a volar», dijo una fuente del Ministerio de Defensa. Según estimó, la responsabilidad de otorgar un vuelo seguro será de la empresa.
La intervención de la Justicia en el tema de la aviación comercial y el funcionamiento de la Aeronáutica se produjo tras el estreno del film «Fuerza Aérea SA», dirigido por el cineasta y ex piloto Enrique Piñeyro, quien develó en su realización una serie de posibles maniobras de corrupción que redundarían en graves riesgos para los usuarios y tripulantes. Sin embargo, ya la Corte tenía con anterioridad un expediente vinculado al tema.




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