El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, advirtió ayer a los ministros de la Corte Suprema que «el gobierno está preparado para respetar fallos judiciales, siempre y cuando éstos no sean a cambio de la seguridad personal de los integrantes del tribunal».
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El funcionario de confianza de Néstor Kirchner salió así a desestimar los alcances de una virtual amenaza de Julio Nazareno y lo que queda de la denominada «mayoría autómatica». El presidente de la Corte, principal promotor de desactivar causas polémicas, y otros magistrados tienen previsto tratar pasado mañana el caso Lema. Este «leading case» podría servir para otros reclamos de particulares en favor de la redolarización de depósito atrapados en el «corralito» financiero. Nazareno, Guillermo López y Eduardo Moliné O'Connor -que volverá de un viaje por Europa- intentarán firmar una acordada durante el plenario. El encuentro de los magistrados, pedido por el riojano, no será pacífico. Juan Carlos Maqueda, el integrante más reciente del cuerpo, deslizó que exigirá la renuncia de Nazareno si se pretende avanzar con el caso Lema.
En la misma cita, los jueces se notificarán de manera fehaciente de un documento que envió Raúl Alfonsín en el cual anuncia que no se opone a la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, dos temas delicados que están en poder de la cabeza del Poder Judicial y que podrían poner en apuros a la administración Kirchner.
El jefe de Gabinete, a todo esto, intentó minimizar los efectos de una eventual redolarización, incluida la posibilidad de que se genere un colapso económico. Ante un hipotético fallo redolarizador del denominado caso Lema, Fernández descartó «un colapso económico por una decisión de esa naturaleza». «Pero -apuntó el ex jefe de campaña de Kirchner- hay que medir también cuándo esas medidas empiezan a afectar al interés del conjunto.» «Hacer justicia también significa que, en pos de un interés individual, no se desequilibren los intereses generales», sentenció Fernández al destacar la necesidad de «establecer una Justicia independiente y sana, que actúe en resguardo de la gente».
No obstante, Fernández desistió de realizar mayores comentarios sobre las medidas que adoptaría el Ejecutivo para hacer frente al fallo que pergeñan Nazareno y compañía, al expresar que el gobierno esperará «lo que tenga que decir la Corte, y nosotros haremos lo que tengamos que hacer».
Antes del fin de semana, la Corte Suprema dejó trascender que este miércoles podría resolver el denominado caso Lema, oportunidad en que dispondría la redolarización de los depósitos pesificados por el Decreto 214/02 de un ahorrista cordobés, tal como lo hizo con la provincia de San Luis.
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