Gobierno defendió la reforma ante la Justicia

El Gobierno nacional presentó este viernes ante la Justicia su defensa de la reforma del Consejo de la Magistratura y se prepara para formalizar la semana próxima el frente nacional con el que aspira a competir en la elección de integrantes de ese cuerpo encargado de designar y remover jueces.

A través de los abogados de la Procuración del Tesoro, el Gobierno respondió el "traslado" dispuesto por la jueza con competencia electoral, María Servini De Cubría, en las causas presentados contra la modificación del Consejo.

La presentación se realizó en todas las causas en las que la Servini de Cubría, titular del juzgado federal N°1, "corrió vista" al gobierno nacional, explicaron al portal oficial Infojus Noticias fuentes judiciales.

En ese marco, el apoderado del PJ, Jorge Landau, dijo a Noticias Argentinas que entre martes y miércoles próximos presentará la alianza nacional del Frente para la Victoria ante el juzgado federal con competencia electoral de Servini de Cubría.

La alianza estará integrada por los partidos que conforman habitualmente el FpV: el Partido Justicialista; el de la Victoria; Intransigente y Conservador Popular.

El frente debe estar presentado en al menos 18 distritos para presentar una lista única de consejeros, por lo que el apoderado ultimaba los detalles a fin de que el frente no tenga diferencias en esas plazas electorales.

El miércoles vence el plazo para la presentación de frentes electorales, tanto para las elecciones legislativas distritales como para la nacional de consejeros de la Magistratura, que está observada en la Justicia.

Actualmente existen unas 17 presentaciones en la Justicia Electoral respecto de la reforma del Consejo de la Magistratura, pero el Gobierno concentra su estrategia en el juzgado de Servini, quien había dado plazo hasta este viernes para esa presentación, pese a que se encuentra de licencia hasta el lunes.

A su regreso, además de comenzar a analizar la cuestión de fondo, deberá resolver también la presentación del fiscal electoral, Jorge Di Lello, que apeló un fallo de la jueza que le impidió excusarse ante una denuncia presentada por el titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo.

Si el fallo se emite sin dictamen fiscal, la parte perdedora podría impugnar la resolución.
Una vez cumplidos estos pasos, la jueza estaría en condiciones de resolver sobre la cuestión de fondo y, más allá de lo que resuelva, su dictamen destrabaría la posibilidad de que el perdedor pida la intervención de la Corte a través del "per saltum" o salto de instancia.

La Corte ya anticipó que ante el primer fallo sobre una cuestión de fondo -no una medida cautelar- que llegue al tribunal lo resolverá inmediatamente. La presunción en el oficialismo es que el máximo tribunal declarará la inconstitucionalidad de la reforma.

En ese marco, los abogados de la Procuración del Tesoro aspiran a demorar la resolución de pleito mientras se llevan a cabo las inscripciones electorales, lo cual dará argumentos, en caso de fallos adversos, para nuevos litigios.

La maraña judicial plantea un desafío a la oposición, ya que si la elección de consejeros es convalidada debería presentar antes del miércoles la alianza nacional en 18 distritos y antes del 22 la lista de candidatos.