El Gobierno presentó este martes una denuncia penal contra cinco integrantes del Consejo de la Magistratura y jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal a los que acusa de obstaculizar la votación para cubrir el Juzgado que tramita la causa de la ley de medios.
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Fuentes judiciales informaron que por medio de la Procuración General de la Nación fueron denunciados los cinco consejeros alineados con el radicalismo que no prestan acuerdo para votar a la terna de los candidatos a jueces del concurso 258.
La denuncia recayó en el flamante juez federal Luis Rodríguez, con la intervención del fiscal Gerardo Di Masi.
El anuncio de la denuncia, junto al pedido para que interviniera en el caso la Corte Suprema, lo había hecho este lunes el ministro de Justicia, Julio Alak, quien concentró las críticas en el juez y consejero Ricardo Recondo.
La denuncia es contra los consejeros Oscar Aguad y Mario Cimadevilla, ambos legisladores de la UCR; los abogados Alejandro Fargosi y Daniel Ostropolsky y el juez Recondo, por los delitos de "abuso de autoridad" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Concretamente, se pide que impulse una investigación sobre la conducta de un grupo de integrantes del Consejo de la Magistratura que, según señala el documento, "obstaculizaron" la votación de una lista de aspirantes a ocupar en forma definitiva cinco juzgados del fuero civil y comercial.
La presentación lleva la firma del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; y la Procuradora del Tesoro, Angelina Abbona.
Pero la denuncia también es extensiva hacia los jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal que subrogaron el Juzgado 1, que tiene la causa iniciada por la demanda del Grupo Clarín contra el artículo 161.
Uno de ellos es el juez subrogante Raúl Tettamanti (quien se había jubilado pero fue convocado ante la falta de magistrados), y quien fuera designado en forma irregular -según los denunciantes- porque se hizo un sorteo manual y no electrónico, y sólo entre dos magistrados.
Sin embargo, también la denuncia apunta contra las autoridades de la Cámara Civil y Comercial, entre ellos Recondo y el juez Martín Farrel, a raíz de que son quienes disponen el régimen de subrogancias.
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