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En el fin de año, se multiplica en las provincias la postal de las medidas
de fuerza en pos de nuevos aumentos salariales.
No es un dato menor que los gremios que hoy están en pie de guerra en todo el país --telefónicos, estatales, salud, docentes, judiciales y de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)- agrupen nada menos que a más de dos millones de trabajadores.
En este marco, los gremios arremeten en una suerte de carreracontrarreloj para asegurarsela mejor actualización salarial posible antes de que culmine diciembre. No pierden de vista que en enero comenzará a regir la Ley de Responsabilidad Fiscal, a la cual deberá adherir la mayoría de los gobiernos y que pondrá un corset al gasto y endeudamiento provincial, lo cual repercutirá a nivel salarial.
En el plano de la protesta de estatales, el peso que soportan los distintos gobiernos desde el segundo trimestre de este año parte de los aumentos que sucesivamente aplicó Kirchner.
En ese lote se encuentran los $ 150 para sueldos de hasta $ 1.000; luego una suba del salario mínimo, vital y móvil a $ 450 y, finalmente, el reciente incremento de 50% a asignaciones familiares y los $ 200 para jubilados y $ 75 para planes sociales. A esto se suma la recategorización y la suba de hasta 35% que el Consejo de la Magistratura otorgó a los judiciales federales.Las provincias nunca pudieron seguir el tren de Nación y, en cambio, activaron los aumentos salariales que pudieron.
Mención aparte merece el conflicto docente, por el cual los gremios provinciales agrupados en la Confederación de Trabajadores de la Educación mantienen protestas en Buenos Aires, Santiago del Estero, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro y Chaco, entre otras, alcanzando a más de medio millón de educadores.
Un caso emblemático es la provincia de Buenos Aires, que sufre hoy el día de paro número
14. La administración de Felipe Solá convocó a una conciliación obligatoria -desestimada por los maestros-y anunció que sancionará con multas a los sindicatos que no la respeten.




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