Después de unos días de descanso,justificados en los avatares de la organización de la convención nacional partidaria, el radicalismo volvió a la carga con la investigación sobre el caso Greco. Gerardo Morales y Ernesto Sanz, volvieron a utilizar un decreto de Néstor Kirchner -el que reguló el Acceso a la Información Pública-para castigar a Felisa Miceli por no haber respondido al Senado un pedido de informes sobre los trámites que se realizaron en el Ministerio de Economía y que terminaron con el intento de pago a ese ex grupo mendocino, frustrado luego en el Senado. Así presentarán hoy a la Justicia un recurso se amparo por la falta de respuesta de Miceli. Es la primera vez que el Parlamento recurre a una medida extrema como un recurso judicial para romper el silencio de un funcionario, vía que por otra parte habilitó el propio Kirchner con su decreto sobre transparencia.
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La presentación de hoy esconde, en realidad, la intención de los radicales de presionar a Miceli para que explique cuál fue el resultado del sumario iniciado por ella misma dentro de su cartera para investigar la responsabilidad de los funcionarios. Es decir, Miceli nunca informó al Congreso -ni tampoco hizo público aunque encontró en esa pesquisa en base a la cual luego resolvió declarar nulo todo lo actuado en materia administrativa solicitar lo mismo a los jueces de la causa.
Miceli había enviado una respuesta a los requerimientos de los senadores, pero además de llegar fuera de término los senadores consideraron que fue «parcial, insuficiente y no responde lo sustancial como indica la norma».
«Corresponde al juez en lo contencioso administrativo ordenar que el ministerio responda las preguntas efectuadas a los fines de dar cumplimiento al derecho de acceso a la información, lo cual ha resultado ser una obligación incumplida por Miceli», dijo ayer Morales.
«La ministra se abstiene de informar lo solicitado sobre la ampliación en la suma de pesos mil trescientos millones del importe máximo de colocación de Bonos de Consolidación y de Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales para la cancelación de diversos pasivos originados en el ejercicio 2006, ya que el Ministerio de Economía y Producción tiene la obligación de suministrar dicha información a mis mandantes», explicó Sanz.
Las preguntas que los radicales enviaron a Miceli, y que aún no tuvieron respuesta, giran sobre ¿cómo se determinó el monto indicado como obligación a cancelar al Grupo Greco? ¿Existen informes por escritos que avalen tal determinación? ¿Intervino en el proceso de determinación y requerimiento de cancelación del crédito la Oficina Nacional de Crédito Público? ¿Cuál fue el grado de participación y, eventualmente de control del proceso judicial,-de la Procuración del Tesorode la Nación? ¿Intervinieronla Unidad de Auditoría Interna y la SIGEN en el trámite de consolidación de la Deuda?
Otras van directamente a la responsabilidad penal de los funcionarios: ¿Quién o quiénes realizaron la solicitud del monto a incluir en el pedido efectuado mediante proyecto de ley ante el Congreso de la Nación? ¿Existen informes respecto de la determinación del monto y la consistencia de la deuda con el Grupo Greco y las obligaciones de dicho grupo con el Estado por parte del servicio jurídico del ministerio a su cargo? ¿Existe alguna instrucción de parte del mismo al respecto, en particular de parte de la Dirección o Subdirección de Jurídicos?
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