Persecución a Indalo: el método de Ercolini y Hornos para complacer intereses ajenos

Política

Pese a la falta de argumentos serios, Ercolini cumplió con los deseos del macrismo. Hornos también. Así operaba la mesa judicial M.

El juez federal Julián Ercolini, y otros como el camarista Gustavo Hornos, han demostrado su predilección por complacer intereses ajenos al propio accionar de la Justicia. Quizás el caso más concreto es cómo para satisfacer al gobierno de Mauricio Macri actuaron por fuera de la ley para encarcelar para dictar prisión preventiva a Cristóbal López y Fabián De Sousa, en el marco de la persecución contra el Grupo Indalo.

Dice “El Cohete a la luna” en su edición de este domingo: “Ni bien Macri asumió la presidencia, se llevó a cabo una serie de actuaciones concertadas dirigidas a desestabilizar al Grupo Indalo, propietario de una cadena de medios, entre los que se destaca el canal C5N. El 13 de marzo de 2016, con la firma de Hugo Alconada Mon, se publicó una nota en La Nación en la cual se acusaba a la empresa insignia del grupo, Oil Combustibles, de haber cometido una evasión impositiva de 8.000 millones de pesos. Actualmente está en marcha una investigación penal porque existen indicios de que los datos que reflejaba la “pesquisa periodística” de Alconada Mon eran, en realidad, producto de un informe elaborado por la AFIP de manera irregular”. Y añade: “Según ha declarado la ex subdirectora de Auditoría de ese organismo en el juicio de Oil Combustibles, el informe preparado bajo la gestión de Alberto Abad, que se utilizó para apuntar la denuncia penal, se hizo sin intervención de las áreas correspondientes”.

El paso siguiente fue una avanzada de Elisa Carrió que presentó un escrito en el juzgado de Julián Ercolini, acompañada del recorte periodístico, en el que sostuvo que lo allí expuesto formaba parte de la asociación ilícita conformada por Néstor y Cristina Kirchner, que ella había denunciado ocho años antes, en 2008.

Pese a la falta de argumentos serios, Ercolini cumplió con los deseos del macrismo. Se hizo cargo de la investigación y acusó a los empresarios del delito de defraudación. El 24 de junio de 2016, Ercolini citó a indagatoria a los dueños del Grupo Indalo y a los ex titulares de la AFIP, Ricardo Etchegaray, y de la DGI, Ángel Toninelli.

El juez fue más allá cuando de manera insólita dispuso las prisiones preventivas de López y De Sousa, bajo el argumento de que habían tenido un “comportamiento hostil” frente a las medidas cautelares dispuestas por el juzgado. Fue el 20 de diciembre de 2017. López y De Sousa le habían pedido al juez, el 25 de octubre, el levantamiento de una medida cautelar para vender acciones de empresas a otro “grupo inversor con reconocida experiencia”, alegando que la venta era imprescindible porque “se encontraba en peligro la continuidad de los negocios de todo el grupo”.

El magistrado acusó a ambos de haber vendido acciones del Grupo Indalo a sabiendas de que no podían hacerlo porque pesaba sobre ellos y sus empresas una “inhibición general de bienes”. Según el juez, el accionar de los empresarios “se dirigió a obstruir la labor de la Justicia”.

Si bien el juzgado se negó a autorizar el levantamiento, el juez argumentó que López y De Sousa le informaron que el 20 de octubre habían vendido sus acciones: “Ellos mismos manifestaron haber vendido sus tenencias –cuando les estaba vedado– con anterioridad a haber solicitado autorización para ello”, relató Ercolini. Según el juez, esta conducta de los acusados lo habilitaba “a adoptar el encarcelamiento preventivo”.

Falso. En una operación tan compleja como la venta de una empresa, lo usual es fijar primero las condiciones de venta en un contrato y luego presentarlas al juez para que apruebe la operación, que era justamente lo que habían hecho los empresarios. No se puede pedir la autorización de venta en abstracto, sin establecer antes las condiciones, como aparentemente pretendía el magistrado.

Tal es así que el 16 marzo de 2018, La Sala I de la Cámara Federal, con el voto favorable de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah y la disidencia de Leopoldo Bruglia, revocó la prisión preventiva de López y De Sousa por considerar que su libertad no ponía en riesgo la investigación. Además, los magistrados resolvieron cambiar la carátula de la causa: los empresarios estaban procesados como partícipes necesarios de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado y decidieron procesarlos por un delito de evasión. Los jueces Ballestero y Farah argumentaron que la detención de los empresarios “desafía la razonabilidad”. “El decomiso de los bienes, incluso de manera preventiva, es una cosa. El decomiso de la libertad es otra bien distinta”, señaló el primero en su argumentación.

Pero la estrategia judicial contra López y De Sousa continuó. Poco más de un mes más tarde, el 27 abril de 2018, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con votos mayoritarios de Gustavo Hornos y Eduardo Riggi y la disidencia de Ana María Figueroa, revocó el fallo de la Cámara Federal. Los jueces mantuvieron la calificación de Ercolini de administración fraudulenta agravada y ordenaron la inmediata detención de los empresarios. Según la nota de Hernán Cappiello en La Nación, estábamos ante “un fallo que ayuda a sanar heridas”.

Esa misma nota reconocía la fuerte intervención del entonces presidente Mauricio Macri, y su mesa judicial, en la causa. En la jugada estaban también involucrados Marcos Peña, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el abogado Ricardo Gil Lavedra, y Germán Garavano, entre otros funcionarios macristas.

“Mauricio Macri estaba convencido de que lo único que pretendían quienes liberaron a Cristóbal López era perjudicarlo. Esa semana de mediados de marzo, la lista de conspiradores contra el Gobierno la encabezaban los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero, que estaban demoliendo uno de los éxitos que podía exhibir: la corrupción se paga con la cárcel. Ballestero y Farah no hicieron caso a las advertencias que les llegaron a través de mensajeros que dijeron venir del edificio de 25 de Mayo, sede de los espías. Les dijeron que una decisión así tendría consecuencias. Y las tuvo”, sostenía el artículo periodístico.

Añadía que el juez Hornos no sólo había resuelto que la sala quedara integrada por el mismo, sino que también había derogado implícitamente lo dispuesto en el artículo 457 del Código Procesal de la Nación, al admitir un recurso que no correspondía, dado que las decisiones que confirman el auto de procesamiento sin prisión preventiva no son equiparables a definitivas. Luego se ha sabido, por una nota dirigida al Consejo de la Magistratura, que la Corte Suprema investiga el procedimiento que se utilizó para la integración de la Sala I en el dictado de esa resolución.

El sobreseimiento de los empresarios

Para completar el análisis de la decisión de Ercolini, resta señalar que la jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso, el 13 de septiembre de 2019, el sobreseimiento de Cristóbal López y Fabián De Sousa en relación con la tentativa de venta que había dado lugar a la detención preventiva de los empresarios. Capuchetti se basó en un dictamen del fiscal Federico González, quien consideró que no había existido delito en el supuesto traspaso al grupo empresario de Ignacio Rosner.

La causa había sido impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita cuando Ercolini dispuso privar de su libertad a los empresarios. La jueza declaró que “no hubo transferencia accionaria pues, pese a la sensación de que se encontraban realizando un ardid tendiente a confundir a las partes de aquel expediente que originó la formación de esta causa, los imputados realmente habían puesto en consideración del magistrado (Ercolini) la autorización para que se realice la transferencia accionaria”. Esta resolución obligó a dejar en libertad a los empresarios, que ya llevaban 22 meses en prisión desde su arbitraria detención.

Actualmente, existen tres investigaciones penales abiertas en relación con las actuaciones que afectaron al Grupo Indalo durante los años de gobierno de Mauricio Macri. En una causa a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Franco Picardi se investiga la “mesa judicial” que operó durante el macrismo y desde la que se trató de influir en diversos expedientes judiciales.

En otro procedimiento que está a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, fiscalía de Alejandra Mangano, se investigan las visitas de jueces amigos a la residencia de Olivos y a la Casa Rosada durante el gobierno de Macri. Finalmente, en el juzgado federal de María Servini de Cubría, fiscalía de Guillermo Marijuán, se investiga la maniobra dirigida a provocar la quiebra de Oil Combustibles y las presiones sobre Cristóbal López y Fabián De Sousa, utilizando a la AFIP para ahogar al Grupo Indalo y apoderarse de sus medios de comunicación. En esta causa está denunciado Macri, el asesor José Torello, el ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana, el ex titular de la AFIP Alberto Abad, su sucesor Leandro Cuccioli, el empresario Nicolás Caputo y el fugitivo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

El prófugo macrista está en Uruguay donde pidió asilo político cuando fue citado a declarar por la jueza Servini de Cubría en esta causa. Temía la denominada “doctrina Irurzun”, por la cual los jueces utilizaron la prisión preventiva para obtener confesiones forzadas. Sin embargo, ese método de acción no se aplica desde que Alberto Fernández asumió la presidencia.

La decisión de “Pepín” parece precipitada, aunque refleja sus temores de que la Justicia opere en su contra tal como lo hizo durante el gobierno de Macri contra sus enemigos políticos. Claro está, esas irregularidades ya no se ven hoy, por lo que Rodríguez Simón percibe los fantasmas de lo que fue su propio accionar, pese a que la realidad ahora no es así.

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