Solicitan incorporar como prueba tuit de "Pepín" en el que se autoincrimina

Política

Los abogados de Cristóbal López señalan que la publicación del operador judicial del macrismo es pertinente para corroborar los hechos de persecución al Grupo Indalo. Y agregan que mediante una resolución que lo nombraba como asesor en la Ciudad "buscó para darle visos de legitimidad a la actividad delictiva".

Los abogados del empresario Cristóbal López solicitaron a la jueza María Servini que se incorpore un tuit de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón a la causa en la que se investiga la persecución contra del Grupo Indalo durante el Gobierno de Mauricio Macri. La presentación hace referencia al posteo realizado este lunes 12 de abril por el operador judicial del macrismo en el que intentó una defensa de su oscuro accionar pero en el que terminó por admitir que había participado de reuniones con empresarios del juego, como sospecha la justicia.

Puntualmente, “Pepín” tuiteó: “Actuar para que los operadores del juego paguen impuestos como cualquier contribuyente porteño no fue perseguir a nadie Sr. De Souza. No pagar Ingresos Brutos era un alarde de impunidad. La CABA a la que representé, regularizó la situación de sus socios. Su problema c AFIP fue otro”. Y acompañó el mensaje con una una copia de la resolución RESOL-2016-32-AVJG, suscripta el día 8 de abril de 2016 por el vicejefe de Gobierno de la Ciudad Buenos Aires; y un video de una entrevista brindada por Fabián De Sousa.

La alusión de “Pepín” para justificar que un diputado del Parlasur interviniera en asuntos ajenos a su competencia terminó por corroborar que la mayoría de las acciones investigadas habían sido realizadas de manera informal, sin aval funcional para tomar parte en casos judiciales, lo que motivó su llamado a indagatoria para el 28 de mayo debido al entrecruzamiento de sus llamados.

Para los abogados Fabián Lertora y Juan Pablo De Feo, el tuit de “Pepín” Rodríguez Simón y la resolución de la Ciudad son “útiles, pertinentes y relevantes a efecto de corroborar los extremos fácticos que conforman los hechos objeto de pesquisa”.

En tal sentido, sostienen que mediante el contenido de la publicación, el imputado reconoce que “llevó adelante las ‘negociaciones’ –totalmente ilegales- contra los responsables de la UTE conformada por HAPSA y Casino Club S.A.; es decir, confirma lo relatado por nuestro representado y por los testigos Federico De Achaval, Ricardo Benedicto y Fabián De Sousa”. Al respecto consignan que esas “negociaciones” no fueron tales, sino que “se trataron de exigencias ilegales que conllevaban, además, amenazas de males futuros e ilegítimos si no se accedía a esos pedidos”.

En otro punto de la presentación, los abogados señalan que la resolución a publicada por Rodríguez Simón demuestra que “tenía manejo y ascendencia, tanto sobre organismos nacionales –YPF y Presidencia de la Nación- como sobre organismos dependientes del gobierno de la CABA, precisamente de las jurisdicciones de las cuales dependían los organismos públicos”. Y agregan que esos organismos “fueron tomado diferentes medidas que afectaron tanto a las empresas del Grupo Indalo como a otras –los Casinos, por ejemplo- que no formaban parte del Grupo, pero en las que tenía participación accionaria nuestro representado”.

En esa línea los abogados indican que “Rodríguez Simón tenía vinculación tanto con los organismos nacionales como con los dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así, el ataque extorsivo se materializó mediante la AGIP –sobre la cual el imputado no tenía representación alguna-; mediante YPF –que resolvió arbitrariamente contratos con Oil M&S y otras compañías del grupo Indalo y, además, fue intermediario en la adquisición y reparto a terceros, por un precio vil de una parte de los activos de la quiebra de OCSA”.

Por otra parte, la presentación ante la jueza Servini enfatiza que “la supuesta resolución publicada en la red social, que lo nombra como asesor de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad, no le otorga ninguna facultad de representación de dicho gobierno, ni ejecutiva en el marco de AGIP o de organismos relacionados con el cobro y las discusiones sobre el pago de Ingresos Brutos”.

Además, los abogados indican que dicha resolución se firmó en el mes de abril de 2016 con efectos retroactivos a partir del 1 de marzo del mismo año, mucho tiempo después de que se llevaran adelante las primeras reuniones de Rodríguez Simón con De Achaval y Cristóbal López, que fueron en el mes de enero de 2016.

“Es evidente, habida cuenta de ello, que fue una forma que buscó para darle visos de legitimidad a la actividad delictiva que estaba llevando a cabo”, afirman los abogados.

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