El Gobierno se apropió de una demanda de los referentes de ambos sectores para tener mayor intervención en el corte de los combustibles.
Debate entre libertarios y radicales, durante la última reunión informativa de la ley de biocombustibles.
No baja el ritmo: aún con reformas importantes paralizadas (eliminación de las PASO y reducción de zonas frías), La Libertad Avanza encuentra espacios para ir impulsando agendas en donde puede construir mayorías. Y, con su reciente proyecto de promoción de biocombustibles en el Senado, también acerca posiciones con cerealeros y azucareros. Pymes del sector apuntan que la nueva legislación las “condenaría a la quiebra”.
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La demanda en torno a la reforma de Ley N° 27640, que establece un marco regulatorio de biocombustibles hasta 2030, era cuasi unánime: sancionada en el 2021, proponía cortes en los combustibles de hasta un 5% en biodiésel -producido con aceites vegetales- y un 12% en bioetanol -realizado con azúcar y almidón de cereales-. Los reclamos de sectores productivos son aumentar los cortes que se mezclan con los combustibles fósiles tradicionales, lo que tiene aceptación mayoritaria por la posibilidad de evitar la dependencia del petróleo crudo y la reducción del impacto ambiental. Se estima que exista un impacto en el costo final del combustible de entre un 3% (según YPF) y un 10% (según la Secretaría de Energía).
Ante esta situación, en 2025 dos senadoras (Carolina Moisés -Jujuy- y Alejandra Vigo -Córdoba-) insistieron en la sanción de un proyecto. El debate avanzó hasta octubre de ese año, cuando se presentó el subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, Federico Veller, a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara. El funcionario ratificó la demanda por una nueva ley pero planteó diferencias con las legisladoras considerando que "no tienen suficiente consenso, porque hay oposiciones sectoriales y personales” y explicando que “es sumamente complejo encontrar una posición que deje a todas las partes, al menos, con la sensación de que ha sido tenida en cuenta su posición”. Ante ello, una presentación de Patricia Bullrich en mayo de este año terminó de establecer la postura del Gobierno.
En representación de La Libertad Avanza, la senadora propuso un régimen que se extienda durante 15 años en donde se amplíe el corte del biodiésel al 10% y el bioetanol al 15%, proponiendo que la composición de este último contenga un 6% de materia de origen de la caña de azúcar y otro 6% del maíz, de forma tal de equilibrar la promoción de ambos sectores. Además se establece la procedencia nacional de la producción y que los precios máximos de mercado no podrán superar los resultantes de un índice acorde a las tarifas internacionales.
Otros cambios son una serie de deducciones impositivas y que se permite el ingreso de empresas integradas (productoras de aceite vegetal o harina proteica) al mercado interno de biodiésel. Ya anunciaron su apoyo a la redacción directivos de YPF, de industrias azucareras y de cerealeras, aunque en una de las reuniones informativas el presidente de la Bolsa de Cereales, Ricardo Marra, pidió aumentar el índice de corte del biodiésel al 15%.
"Hubo alguna incomodidad porque el Gobierno se subió a nuestro proyecto y le puso su firma", reconocen a Ámbito desde el entorno de una de las senadoras que sostenían el debate el año pasado, en donde analizaron que “lo que dispara la necesidad es la guerra: hay una necesidad del Gobierno para emparchar la ley y ahora meten el proyecto". Aunque consideraron que la interpelación a Manuel Adorni -que será un tema a tratar en la próxima sesión del 25 de junio- paraliza los acuerdos, sostienen que se llegó a una etapa final del tratamiento: “Pedimos que se corten con las informativas, ya las posiciones están claras. Ahora, que trabajen los asesores en las diferencias”.
La tucumana Beatriz Ávila, autora de un proyecto que promueve ampliar los cortes de ambos biocombustibles al 18%, opinó que existe un clima de consenso: “Todas las propuestas tienen el mismo espíritu. Veo ganas de sacar el dictamen porque es un tema muy trabajado y estudiado todo el año pasado. El sector privado y las pymes también fueron escuchadas”. Además del de ella y el de Bullrich, hay otros cuatro proyectos: de la cordobesa Vigo, de la salteña Royón (exsecretaria de Energía, asumió tras la sanción de la ley e incluso después de un decreto del 2022 que aumentó al 7,5% el corte de biodiésel), del misionero Arce y del santacruceño Carambia. Las iniciativas coinciden en un aumento del corte de biocombustibles, aunque se diferencian en los porcentajes, la cuota de origen nacional y su tiempo de vigencia.
“Lo que está inconcluso es si se trata aparte el proyecto de biodiésel o si meten cambios a este proyecto”, explicaron sobre las diferencias internas que existen para terminar de coincidir con un dictamen único. De forma más explícita, se expresó en una reunión informativa Federico Martelli, director de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB, que produce el 65% del biodiesel destinado al mercado interno): "Es un proyecto de concentración, van a condenar a la quiebra a 25 pymes. [...] Se va a concentrar toda la producción de biodiesel del mercado interno en 6 o 7 compañías aceiteras, todas ubicadas en torno al puerto de Rosario”.
“Las pymes quedan obligadas a competir contra empresas integradas que son, a la vez, productoras de la materia prima y tienen una escala de producción hasta diez veces superior", apuntó la CEPREB en un comunicado, en donde también criticó el cambio de legislación a cinco años de su vigencia, lo que representa "romper contratos con el sector productivo del interior, en beneficio de quienes planificaron sus negocios con destino a la exportación". Finalmente, se refirieron a la disposición de que se establezca un 6% de corte obligatorio de bioetanol proveniente de la industria azucarera: "Pedimos el mismo tratamiento para las empresas pymes regionales elaboradoras de biodiésel".
El comentario de Marra acerca de la situación de las pymes da cuenta del desacuerdo que existe con las grandes productoras. “Lo que uno aspira es a que los pequeños molinos se desarrollen y puedan competir”. Aunque no tiene representación en un proyecto, el peronismo respondió a esta cuestión desde el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense. “Es imprescindible que un nuevo régimen de promoción no perjudique la capacidad instalada ni provoque una mayor concentración del mercado, como ocurriría si se aplican los criterios del proyecto del oficialismo. La continuidad de las empresas existentes y su impacto positivo en las comunidades donde están radicadas, no es negociable para la visión de desarrollo que tiene la provincia”, planteó el ministro Javier Rodríguez.
El funcionario pidió que se considere diferenciar proyectos para el biodiésel y para el bioetanol, o bien que se considere su ubicación geográfica (el proyecto de Vigo, por ejemplo, establece menores porcentajes de cortes en la Patagonia) y la distancia respecto de polos aceiteros. “Si no se consideran estas variables estaríamos hablando de un régimen que otorga mejores condiciones a determinadas regiones, en perjuicio de otros territorios que también son de nuestro interés fortalecer en su desarrollo local y regional”, remarcó.