Pasada la elección de Misiones, el gobierno, el peronismo y la oposición tienen ya un panorama claro en lo político para encarar los 4 años "reales" del mandato de Néstor Kirchner. No queda hasta el 10 de diciembre ninguna elección de gravitación en lo nacional como fue la puja Puerta-Rovira del domingo, que decantó las relaciones Kirchner-Duhalde. Ahora empiezan las pujas suspendidas por el proselitismo. Una es la estrategia del país para enfrentar los juicios de las empresas extranjeras por la pesificación. Lavagna se ve fuera del diseño de esa estrategia, en la cual el gobierno prefiere el asesoramiento de sociólogos de la universidad y ahora de la CEPAL, adonde se quiso imponer como titular a Chacho Alvarez. Tampoco termina de digerir el pasado cavallista en la cúpula de la Jefatura de Gabinete, la cercanía de Eduardo Curia con De Vido y la autonomía mayor del dúo Alfonso Prat-Gay-Pedro Lacoste. Por eso se sigue hablando de pases ministeriales frente a la poca credibilidad que despierta Gustavo Béliz (se lo quiere sacar hacia la embajada en el Vaticano). Ruckauf, por su lado, sobrevive ahora sólo a la sombra de Duhalde y cree que será importante en una reforma de la Constitución.
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El gobierno ya acumula u$s 17 mil millones en juicios en el CIADI, tribunal del Banco Mundial para resolver conflictos entre países y empresas, y no encuentra todavía una estrategia. Por ejemplo, la Procuración del Tesoro de Horacio Rosatti ha heredado apoderados extranjeros contratados para defender al país por su antecesor Rubén Citara (por lo menos dos, un brasileño y un español), y no sabe si se les renovará la comanda. Rodolfo Lavagna ha rechazado dos caminos extremos: denunciar el tratado de protección recíproca de inversiones con varios países (requiere la sanción de leyes) o suspender su vigencia (bastaría un decreto de necesidad y urgencia) porque implican tomar un camino imposible políticamente.
Para colmo, está por salir un juicio a favor de Mendoza, Misiones y La Pampa por $ 600 millones que está en la Corte y tiene luz verde del procurador Becerra porque en 1996, antes de irse, Cavallo y Menem firmaron un decreto extendiendo la promoción industrial a las 5 provincias históricas. El juicio es por discriminación y se pueden prender después de esa sentencia otras provincias. El abogado de Mendoza es Efraín Quevedo Mendoza, hoy el principal asesor jurídico de Julio De Vido, que lo fue de Rodolfo Gabrielli, para quien redactó el último pacto fiscal que firmó Nación con las provincias apenas asumió Duhalde y antes, como fiscal de Estado de José Bordón, fue corredactor del convenio para el pago de las regalías mal liquidadas por la Nación a las provincias petroleras, según un argumento jurídico que inventó José Luis Manzano desde diputados. Es por eso «Efraín» -como le llaman los amigos a este abogado mendocino- para un hombre como Kirchner, para Juan Carlos Romero o para Julio De Vido y también para los mendocinos. Estos desvelos que serían de la Procuración del Tesoro terminan todos en la oficina de Lavagna, que ve además cómo desde la Casa de Gobierno siguen abriendo alternativas para enfrentar las relaciones con las privatizadas con la revisión de contratos, eufemismo del aumento de tarifas. Al equipo que De Vido tiene contratado de la Flacso para asesorar en ese debate (las cabezas salientes son Daniel Azpiazu y Martín Schorr autores del libro «Crónica de una sumisión anunciada» que critica la política de tarifas de Menem pero también de Duhalde), se agregó en el último mes la CEPAL. Con ese propósito, se hizo el intento de proponer al licenciado en Historia y vicepresidente como secretario general de esa agencia de la ONU. Con ninguna de estas líneas de trabajo está de acuerdo Lavagna en tema central para cualquier rumbo que tome la economía.
Tanto tintineo atrae a gente conocida a la cúpula del gobierno que Lavagna mira como amenazas para su gestión, al ver que la Casa de Gobierno sigue consultando sobre Economía en temas de su competencia. ¿Por qué Alberto Fernández ordenó a sus secretarias que no informen sobre su agenda de entrevistas? Porque hay allegados del ministro que relatan, como señal de alarma, el recuerdo del cavallismo pasado de hombres como Fernández o a su segundo, Juan Carlos Pezoa, que fue el hombre de Cavallo para atender a las provincias cuando era ministro de Menem. En otros países, la agenda de los funcionarios del Estado es pública y secreto es sólo lo que la ley señala como tal. Nadie dice haber visto a nadie comprometedor en el despacho de A. Fernández, pero mejor esconder las agendas.
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