Iglesia veta a Iribarne no sólo por divorcio

La Argentina probablemente no tenga embajador ante la Santa Sede durante todo el gobierno de Cristina de Kirchner. Después del cuestionamiento del Vaticano a Alberto Iribarne por ser divorciado, nada ha cambiado en el congelado trámite para obtener su plácet en Roma: ni el gobierno aceptará cambiar al candidato, ni parece que Benedicto XVI vaya a cambiar de postura. Mientras tanto, algunas voces aparecieron en Buenos Aires marcando lo que consideran un error diplomático por parte de la Casa Rosada. Una de ellas es la Corporación de Abogados Católicos que emitió un duro comunicado sobre el «presunto rechazo del plácet por la Santa Sede».

«Si bien se ignora la existencia de un rechazo y a qué razones obedecería en tal caso, se lo atribuye a la condición de divorciado y vuelto a casar del candidato. Sobre el particular cabe decir que, tratándose de la Argentina, como país católico y respetuoso de las normas y principios que informan las relaciones con la Santa Sede, parecería lógico que el motivo aludido pudiera ser la causa del rechazo.

Aun cuando en la Argentina está vigente la ley de divorcio vincular, la Iglesia sostiene que el matrimonio es indisoluble, y por lo tanto, una nueva unión de un divorciado no puede ser reconocida oficialmente», dice la agrupación.

Pero en el razonamiento no se quedan allí sino que critican también a Néstor Kirchner y aportan luz sobre otras razones que puede tener el Vaticano para rechazar a Iribarne: «en torno a la calificación como candidato a embajador del doctor Iribarne, se puede agregar que él, junto con el ex presidente Kirchner y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, suscribieron el Decreto Nº 1086/2005 aprobatorio del documento titulado «Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación», dijeron. «Este es un verdadero plan maestro que contiene propuestas de contenido vituperable, entre otras materias, el aborto, la homosexualidad, el replanteo del artículo 2º de la Constitución Nacional, que significaría la modificación de las relaciones de la Iglesia y el Estado, lo que derivaría, entre otras consecuencias, en la eliminación de los capellanes católicos en las cárceles, hospitales y capellanías militares, y la eliminación de los símbolos religiosos en las oficinas públicas, etcétera».