Implota la alianza de Gil Lavedra y abogados independientes salen a desafiarlo para la presidencia del Colegio Público

La actual vicepresidenta Patricia Trotta se lanza a competir y busca sumar a toda la oposición. Ninguneo en la gestión y guerra campal por el DNU de Milei. Radiografía de un bastión de poder para los abogados que se define el 16 de abril.

Ricardo Gil Lavedra y Patricia Trota. 

La alianza entre distintas agrupaciones de la abogacía que encabezó Ricardo Gil Lavedra y que, hace dos años, lo catapultó a la presidencia del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, estalló definitivamente. Pero la implosión excedió el nivel de una simple interna para convertirse en un desafío electoral concreto que tiene como objetivo disputarle la reelección al frente del órgano que representa a los matriculados por parte de quien hasta hoy es la vicepresidenta, la abogada Patricia Trotta.

Su agrupación Abogados del Fuero, que fue determinante en las últimas elecciones –tanto que se quedó con el segundo cargo en importancia en el CPACF-, anunció su escisión de la lista oficialista pero según pudo saber Ámbito, abrió el juego también para intentar cerrar ahora un acuerdo con la histórica asociación “Gente de Derecho” que lidera el expresidente del Colegio Jorge Rizzo, a quien Gil Lavedra destronó en los últimos comicios por un puñado de votos, sumando sellos a su alianza con fuerte incidencia de referentes del PRO. La bomba que pretende cambiar el mapa de poder en la representación de los letrados tendrá su primera meta el 18 de marzo, cuando cierren las listas para las elecciones que se concretarán el 16 de abril.

La interna feroz dentro del CPACF no es la novedad. Pero la ruptura y el lanzamiento de la candidatura, sí. Trotta quedó prácticamente marginada desde el inicio de la gestión de Gil Lavedra cuando se quejó del incumplimiento de acuerdos preelectorales que habían permitido sellar la alianza y aportar un caudal de votos que, numéricamente, pudieron inclinar la elección. Abogados del Fuero, que es presidido por Nahuel Altieri tuvo un crecimiento exponencial en los últimos años, y nació de un agrupamiento apartidario de letrados, muchos de ellos litigantes del fuero laboral, pero que continuaron con el ejercicio profesional. A diferencia de otros sellos que incorporó la alianza de Gil Lavedra, más identificados con la política, se proponían aportarle a la lista una representatividad entre quienes no tienen afiliación partidaria, que son la mayoría. En 2022, funcionó.

Parte de esa negociación previa había sido quedarse con la vicepresidencia primera y con el Instituto del Derecho del Trabajo. Pero por fuera de lo que fue un incumplimiento entre los socios, que vieron licuada su incidencia y propuestas apenas asumir, lo que detonó la alianza fue la postura oficial ante el Decreto 70/23 que incluía en el marco de la desregulación de servicios, los de la abogacía, con lo que habilitaba la sucesión notarial y el divorcio administrativo, que luego serían plasmados dentro de la fallida Ley Ómnibus.

El Instituto elevó al Consejo Directivo del CPACF que preside Gil Lavedra un crítico informe en el cual recomendó iniciar acciones legales contra el DNU por sus implicancias para los abogados, como lo hicieron otras asociaciones, como el Colegio de Abogados de Morón que obtuvo un fallo favorable en la justicia bonaerense. En ese documento, dictaminaron que existía un avasallamiento tanto institucional por su dictado como del propio Derecho laboral, por lo que se debían iniciar demandas para declararlo inconstitucional. Sin embargo, el asunto nunca se trató en el máximo órgano de decisión. Se limitaron a publicar las opiniones de los institutos en la página web. Este asunto fue un parteaguas que blanqueó una incompatibilidad medular dentro del oficialismo. Para los abogados silvestres, son dos materias de extrema sensibilidad los divorcios y las sucesiones porque, en mucho, hacen al sustento de quienes no litigan desde grandes estudios. A eso se sumó un problema impensado: el reclamo de “presencialidad” de que el Colegio Público sí le realizó a la Corte Suprema, trajo como consecuencia impensada un perjuicio para los trabajadores judiciales de tribunales que, compelidos a asistir a las oficinas, empezaron a recortar las posibilidades de llevar adelante audiencias vía “Zoom”, lo que complicó aún más la logística de muchos matriculados.

Gil Lavedra hizo equilibrismo: por un lado, su alianza llevaba un fuerte componente PRO aliado al Gobierno Nacional (tanto que el secretario general del CPACF Martín Casares recaló como jefe de Gabinete dentro del Ministerio de Justicia y el referente de Abogados de a Pie Agustín Pesce es ahora director en el BCRA, lo mismo que Juan Curutchet –de Abogados Esenciales-, o el propio Omay Yasín, secretario de Trabajo y miembro de esa agrupación). Y la vez, confluían intereses de los radicales a través de los hermanos Carlos y Juan Pablo Más Vélez con la sombra del siempre influyente Daniel “Tano” Angelici. Tributan al mismo oficialismo el sector que tiene al abogado de Twitter Alejandro Fargosi como todo el andamiaje que sostiene a las agrupaciones que el macrismo consolidó a lo largo de los años y le redundaron en escaños en el Consejo de la Magistratura, así también como los curiosos abogados libertarios. Todo ese combo generó un cruce de intereses que llevaron al CPACF a una posición ambivalente ante las nuevas medidas que fue leída como un retroceso ante la avanzada del gobierno. “Gobernó Cambio Pluralista”, fue la conclusión bien para la interna que se escuchó en el edificio de la calle Corrientes sobre el resultado de la acumulación de sellos para arrebatar la presidencia a la nómina de Rizzo, hace casi dos años y sus resultados concretos.

Los miembros de la Asamblea “disidentes” estallaron de furia y empezaron a recolectar firmas a través de grupos de Whatsapp para expresar su malestar y tratar de iniciar acciones, aunque sea forzando el respaldo del Colegio. Juntaron cerca de 3 mil, afirman los organizadores. Según lo que habría transmitido Gil Lavedra ante los cuestionamientos, no se avanzó con una presentación judicial porque tenían la “certeza de perder”. Para el exfuncionario y excamarista estos dos años de gestión no resultaron de acuerdo a las expectativas: casi empujado a buscar la reelección, hubiese preferido otro destino. Quizás en una embajada europea.

A Trotta buscaron desactivarla no solo de las iniciativas que proponía su sector, sino hasta desmagnetizándole tarjetas de ingreso o impidiendo que su huella tuviera acceso a determinadas oficinas del edificio del CPACF. La marginaron de las juras y desapareció de las publicaciones de la web oficial. Fue inmediatamente percibida como una amenaza a la “armonía” que se proponían los demás sellos. Debieron imaginar que estaban creando una opositora que podía llegar a enfrentarlos en las urnas.

Este malestar extendido en el tiempo explica que ahora, junto a todos los sectores de la oposición –que hoy tienen casi una paridad en el Consejo Directivo- Abogados del Fuero esté a punto de lanzarse a competir en una alianza ampliada que hasta incluya al peronismo, siempre una expresión marginal dentro de los abogados. El tejido de alianzas recién se plasmará el 18 de marzo, pero la olla a presión que lo generó tiene meses.

El Colegio Público de la Abogacía es uno de los principales bastiones de poder desde donde es posible incidir tanto en el Consejo de la Magistratura porteño como en Nación. Su gravitación en el mundo judicial es importante. Parte del armado retador ya tuvo una prueba de fuego que debió encender alarmas: a mediados de diciembre una lista alternativa buscó disputar las elecciones de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA); la lista oficialista la impugnó con aval de la Junta electoral pero los opositores fueron a la justicia y el fallo de un juez terminó suspendiendo las elecciones.