Imputaron al sindicalista "Caballo" Suárez por lavado de dinero

Omar "Caballo" Suárez

El fiscal federal Ramiro González imputó este martes por lavado de dinero al sindicalista Omar "Caballo" Suárez, sospechoso de pertenecer a distintas sociedades del negocio naviero y ante la dudosa procedencia de los fondos de las mismas.

"La Interventora del SOMU halló una falta de transparencia en el origen de los fondos invertidos en tales sociedades, resaltando que el objetivo de las personas que la constituyen habría sido obtener el control accionario de la empresa ´Marítima Maruba SA´ toda vez que posee el monopolio de transporte de cargo de las rutas marítimas y fluviales de Argentina, presumiendo que tales inversiones habrían sido realizadas mediante ardides", sostuvo el fiscal al pedir abrir una acusación contra el sindicalista.

Suárez ya viene siendo investigado por administración fraudulenta cuando fue Secretario General del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), y también por extorsión a empresarios navieros mediante la protesta en los que paralizaba la actividad.

Ahora, el fiscal González dio curso a la denuncia que en agosto pasado hizo la diputada nacional del PRO e interventora del SOMU, Gladys Esther González, a partir de información periodística que acusaba a Suárez de formar parte, o bien su entorno, de empresas de la actividad.

Entre ellas se cuentan la "Fundación Azul para el cuidado y preservación del medio ambiente marino, fluvial y lacustre", "Marítima Maruba SA", "Mercantes SA", "Pescamarine SA" y "San Jorge Marítima SA".

En ese sentido, el fiscal remarcó que según la denunciante la "Fundación Azul para el cuidado y preservación del medio ambiente marino, fluvial y lacustre" estuvo integrada por Enrique Omar Suárez como Presidente; por Mario Aníbal Morato, como Vicepresidente; por María del Carmen Cabrera Peña, entonces Tesorera y presunta hijastra del sindicalista; y por el contador Julio Cesar Barrera.


"El Boletín Oficial de fecha 26 de noviembre de 2010 da cuenta de la constitución de la firma "Mercantes SA", cuyos accionistas son Jorge Antonio Suárez (sobrino del denunciado Suárez) y Juan Manuel Medina (entonces Tesorero de SOMU)", añadió el fiscal en su requerimiento presentado ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Este último juez es el que lo viene investigando en las otras dos causas judiciales que complican la situación de Suárez.

Gladys González sostuvo sobre la imputación: "El fiscal creyó en el trabajo que venimos haciendo, soportando amenazas, presiones y un permanente accionar para obstruir la investigación. Esta nueva imputación contra Omar Suárez y las instrucciones que solicita el fiscal como medidas probatorias nos permitirán avanzar aún más sobre la falta de transparencia en el origen de los fondos que se usaron para crear diferentes sociedades, que tienen como titulares al propio Suárez, a familiares y miembros de su entorno". 

Además, agregó que la resolución del fiscal "da peso a las nuevas pruebas que hemos aportado que dan cuenta de conductas sospechosas relacionadas con el delito de lavado de activos". En este sentido, mencionó una serie de irregularidades como que las mismas personas ocupen cargos directivos en diferentes empresas, que figuren los mismos domicilios para distintas empresas, la falta de solvencia económica de los accionistas para adquirir esas acciones, facturas correlativas, movimientos de dinero inusuales de dichas empresas, operaciones que no tienen nada que ver con el objeto social de la empresa y otras.


"Todos estos actos están contemplados en la resolución 121 de la UIF que nos alertan sobre la posible comisión del delito de lavado", concluyó.


Según la interventora, de la consulta realizada en diversos sitios de internet de organismos públicos surge que Jorge Antonio Suárez y Juan Manuel Medina "no registrarían una actividad económica legal, sea en relación de dependencia o autónomamente, que les permita hacerse de los fondos necesarios para incursionar en el negocio naviero".


Como medida de prueba, la fiscalía pidió a la Inspección General de Justicia de la Nación y a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas que remitan copias certificadas de las actas de constitución, actas de directorio y de asamblea de las distintas sociedades que están bajo la mira.


También pidió información a la Unidad de Información Financiera y a la AFIP.