El secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur, fue citado a declarar como imputado en una causa en la que se investiga el reparto de la publicidad oficial, informaron fuentes judiciales.
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El funcionario fue convocado por el juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid para el próximo 2 de septiembre por presuntas "negociaciones incompatibles con la función pública", al estar sospechado de otorgar publicidad oficial a empresas que, se especula, son de su propiedad.
Se trata de una causa iniciada en 2008 por el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, quien estableció que entre 2004 y 2007 Albistur entregó unos 13 millones de pesos de pauta oficial a empresas vinculadas a su familia.
El Código Penal prevé penas de hasta seis años de prisión por el delito por el que es investigado Albistur.
El magistrado intenta determinar si Albistur repartió más de 10 millones de pesos de publicidad oficial a varias empresas, algunas de las cuales se sospecha serían de su propiedad.
Las empresas con las cuales se lo vincula a Albistur, o bien a su familia o allegados son, según la denuncia: "Sisto Lemme y Cía S.A, Grupo Alsur S.A, Wall Street Vía Pública S.A, Estatic SA, Enterprise Publicidad SA, Video Market SA, Publicar SA y Grupo Alsur S. A (UTE)".
En la conformación de algunas sociedades de dichas firmas, figuran la ex mujer del funcionario, María de los Angeles Díaz, y el hijo, Juan Ignacio Albistur, entre otros.
"Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo", establece el artículo 265 del Código Penal.
Mientras tanto, el juez Aráoz de Lamadrid también investiga a Albistur en otra causa en la que fue denunciado por presunto enriquecimiento ilícito, aunque hasta el momento no lo citó por este proceso.
En esta última causa, una de las últimas medidas adoptadas por el juez fue la de requerir a distintos organismos documentación vinculada a Albistur para poder determinar su verdadero patrimonio.
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