Inevitable costo político

El caso de las cuatro valijas transportadas por Southern Winds que terminaron en la cinta del aeropuerto de Barajas con un cargamento de 60 kilos de cocaína, valuado en 3 millones de euros, abre numerosos interrogantes. No sólo relacionados con el narcotráfico. Queda pendiente saber en qué momento se enteró el gobierno de esta situación denunciada en la Justicia el 5 de octubre, al tratarse de una empresa subsidiada, y qué ocurrirá en el futuro con esa subvención, conociendo la actitud refleja de Néstor Kirchner para evitarse costos políticos.

• La línea aérea informó ayer que «el equipaje cumplió todos los requerimientos dispuestos por la Fuerza Aérea», entre los que está el escaneo por parte de la empresa Tas, habilitada por esa fuerza para el control de las valijas. También indicó que las maletas «fueron transportadas en bodega y no en el compartimiento de tripulación de cabina».

En Ezeiza, el equipaje que entra a la bodega del avión puede ser escaneado por la Policía Aeronáutica (PAN), dos empresas privadas: Tas e Imperium, o por Intercargo, sociedad estatal. American Airlines, United y British Airways tienen sus propios escáners. El resto de las líneas puede contratar con cualquiera de las cuatro instancias mencionadas, y la PAN, como reconoció ayer su titular, sólo termina escaneando 30% de los equipajes. Según la causa, curiosamente, ese día la Fuerza Aérea no estaba a cargo de la seguridad de ese vuelo -el chequeo lo hizo la empresa Tas-.

Entrando en contradicción con lo declarado por SW, expertos en seguridad indican que si las valijas pasaron por el escáner auditado por la Fuerza Aérea, debió haberse visto la droga con seguridad, porque no estaba oculta ni había otros elementos: sólo carcazas de amplificadores contenían la cocaína. La sospecha es si las maletas entraron como diplomáticas, siendo éste el único caso en que no se hace el escaneo correspondiente. En el juzgado de Carlos Liporace se afirmó que las etiquetas que rezaban «Embajada Argentina en España» eran fotocopias, es decir no eran oficiales. Por lo tanto, si hubo escaneo, no se entiende cómo al personal de Tas se le dictó la»falta de mérito».

• SW también informó que el gerente general, Cristian Maggio, realizó la denuncia el 5 de octubre, una vez hechas las averiguaciones internas y confirmado que el 16 de setiembre habían aparecido las valijas con droga en Madrid. Es cierto, como dijo la empresa, que no habían trascurrido 30 días entre un hecho y otro, pero en apariencia la fiscalía o el juzgado no pidieron con tiempo suficiente el archivo de lo ocurrido el día del embarque en Ezeiza.

Según fuentes de AA 2000, que donó el equipo a la PAN, el sistema de grabación sólo guarda 31 días, y el día 32 empieza a borrar por el primero. Son 160 cámaras filmando las 24 horas durante 31 días, y según se afirma, el nivel de archivo es superior al de muchos aeropuertos del mundo. Si la Justicia lo pidió con tiempo y ya se había borrado el día 16 de setiembre, podría configurarse delito, pero el juez Carlos Liporace fue impreciso con esta cuestión en declaraciones públicas.

• Si como sospecha el magistrado hubo embarques anteriores, porque «nadie empieza enviando un cargamento tan grande», falta saber qué falló en Madrid para que las cuatro valijas aparecieran en la cinta y no fueran retiradas en la pista. También cuál fue el destino de una presunta quinta valija, porque entre las cuatro hay un número salteado de control de equipaje, lo que crea fuerte sospecha de que eran cinco, y no cuatro, las maletas enviadas.

• El vicepresidente y apoderado de la empresa, Enrique Montero, viajó coincidentemte en el mismo vuelo, lo cual resulta por el momento por lo menos llamativo.

• El gobierno nacional intentará salvarse del costo político de esta situación, mientras por ahora no se sabe en qué momento se enteró el Presidente y sus ministros de la causa judicial. Frente al escándalo, el Ejecutivo debate si renovar o no en marzo próximo el subsidio de $ 4,2 millones mensuales en combustible a SW.

Se evalúa que la actividad de la línea volvería a achicarse a pocos destinos, lo que provocaría expulsión de personal propio, además de que los empleados a cargo de la estatal LAFSA, quedarían sin puesto de trabajo hasta la eventual privatización, que demandaría alrededor de un año y no hay todavía seguridades sobre su éxito.