INFORME DE AMNISTÍA INTERNACIONAL CON CRÍTICAS A USO DE FUERZAS EL 20 DE DICIEMBRE DE 2001 (capítulo Argentina) (29/5/02)

ArgentinaRepública ArgentinaJefe del Estado y del gobierno: Fernando de la Rúa (fue sustituido en las dos últimas semanas de diciembre sucesivamente por los presidentes en funciones Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Camaño)Capital: Buenos AiresPoblación: 37,5 millonesIdioma oficial: españolPena de muerte: abolicionista para los delitos comunesTratados ratificados o firmados en el 2001: Estatuto de Roma de la Corte Penal InternacionalSe recibieron numerosas denuncias de tortura y malos tratos a detenidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y personal penitenciario. Se informó de decenas de homicidios cometidos por la policía en circunstancias controvertidas. Se tomaron importantes decisiones judiciales sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, entre ellas las relacionadas con la «Operación Cóndor». Varios abogados y defensores de los derechos humanos fueron víctimas de amenazas y agresiones.ManifestacionesLa situación política estuvo dominada por el descontento social suscitado por la política económica del gobierno y los intentos de reestructurar la economía. La oposición pública a los recortes presupuestarios provocó protestas en Buenos Aires y en el resto del país. Se detuvo a decenas de manifestantes, entre ellos sindicalistas y dirigentes populares. Algunos fueron acusados formalmente, y varios denunciaron haber sido torturados por miembros de las fuerzas de seguridad.En junio, durante unos violentos enfrentamientos ocurridos entre un grupo de manifestantes y miembros de la Gendarmería Nacional en la localidad de General Mosconi, provincia de Salta, murieron dos personas, una de ellas menor de edad, y hubo un número indeterminado de heridos. En julio, un juez federal pidió que se abrieran procedimientos disciplinarios contra Mara Graciela Puntano, abogada que defendía a las personas detenidas y presuntamente torturadas por miembros de la Gendarmería Nacional. Mara Graciela Puntano había hecho unas declaraciones a la prensa acerca de ciertas irregularidades que afirmaba se habían cometido en las investigaciones judiciales sobre los hechos de General Mosconi y sobre la muerte del manifestante Aníbal Verón, ocurrida en el 2000.En diciembre, como consecuencia de la crisis económica, tuvieron lugar en todo el país manifestaciones en las que participaron cientos de miles de personas. Se declaró el estado de sitio durante cuatro días y se detuvo a centenares de manifestantes. Durante las manifestaciones perdieron la vida más de 30 personas y hubo informes que señalaban un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. La crisis desembocó en un cambio de gobierno.Tortura y malos tratosHubo informes generalizados sobre prácticas de tortura y malos tratos a detenidos, menores incluidos, en prisiones y comisarías. En agosto, unos miembros del poder judicial publicaron una declaración expresando su preocupación por «la generalizada práctica de la tortura en todas sus formas de modo sistemático en el ámbito de las investigaciones policiales y el trato a los detenidos». En la declaración se señalaba asimismo la falta de acción judicial a la hora de aplicar las normas penales destinadas a prevenir la tortura.En otra resolución presentada ante las autoridades judiciales, el defensor del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires planteó más de 600 casos de tortura ocurridos en comisarías y prisiones entre marzo del 2000 y junio del 2001. Entre los métodos de tortura empleados se incluían las palizas, la semiasfixia y la aplicación de descargas eléctricas. La resolución también señalaba el grave hacinamiento, las pésimas condiciones higiénicas y la obstaculización por parte del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires del ejercicio del derecho a la defensa.Actos de violencia y homicidios cometidos por la policíaSiguieron recibiéndose informes de homicidios cometidos por agentes de policía en circunstancias controvertidas. En octubre, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires hizo pública una resolución en la que afirmaba que al menos 60 menores habían muerto a manos de la policía en la provincia de Buenos Aires entre 1999 y el 2000. Muchas de las víctimas habían denunciado amenazas o malos tratos recibidos de miembros de la policía. Según la organización no gubernamental de derechos humanos Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (correpi), 60 personas, entre ellas 14 menores, murieron a manos de la policía entre enero y agosto del 2001. Varios familiares de víctimas que luchaban por la verdad y la justicia fueron blanco de amenazas y actos de intimidación.Violaciones de derechos humanos cometidas en el pasadoEn septiembre, la subsecretaria de Derechos Humanos reconoció públicamente que durante el periodo del gobierno militar (de 1976 a 1983) habían «desaparecido» 15.000 personas.A lo largo del 2001 continuaron, tanto en Argentina como en el extranjero, los procedimientos judiciales para esclarecer la suerte de las víctimas de «desaparición» y llevar ante la justicia a los responsables. Se tomaron varias decisiones judiciales importantes de carácter positivo.En marzo, en una decisión histórica, el juez federal Gabriel Cavallo declaró inconstitucionales y nulas las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, que concedían inmunidad procesal a los autores de violaciones de derechos humanos cometidas bajo el gobierno militar. La decisión del juez Cavallo estaba relacionada con el proceso penal por la «desaparición», en 1978, de José Liborio Poblete Roa, su esposa Gertrudis Marta Hlaczik y su hija. Su decisión fue ratificada por la Sala II de la Cámara Federal en noviembre.En junio y julio, un juez federal dictó tres exhortos acusando formalmente a varios ex miembros de las fuerzas armadas de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay y solicitando su detención por participar en «un Plan Criminal, destinado y dedicado a la comisión de ilícitos con la característica sistemática —os mismos—de desaparición forzada de personas», plan conocido como «Operación Cóndor». En su decisión, el juez ordenó el procesamiento y la detención preventiva de Jorge Rafael Videla. Al final del año, éste se encontraba bajo arresto domiciliario por un caso relacionado con el secuestro de niños. El juez, asimismo, pidió la detención provisional con fines de extradición del ex presidente chileno Augusto Pinochet. En diciembre, en otra decisión, el juez solicitó la detención provisional con fines de extradición del ex presidente de Bolivia, Hugo Banzer Suárez.AlemaniaEn julio, el fiscal de Núremberg, Alemania, dictó una orden internacional de detención contra el ex general Carlos Guillermo Suárez Mason, y en octubre se solicitó la extradición de éste por el presunto asesinato de Elisabeth Kasemann, ciudadana alemana secuestrada y «desaparecida» en Buenos Aires en marzo de 1977.No obstante, en diciembre se dictó un decreto presidencial en el que se declaraba que el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazaría toda petición de extradición relacionada con hechos ocurridos en Argentina.EspañaEn agosto, Claudio Scagliuzzi, ex miembro del servicio de inteligencia del ejército argentino, fue detenido en Barcelona, España. Un juez argentino había solicitado su detención con fines de extradición a raíz de las investigaciones realizadas sobre las «desapariciones» relacionadas con la «Operación Cóndor».Amenazas contra defensores de los derechos humanosVarios abogados de la provincia de Mendoza que representaban a familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos y algunos activistas de derechos humanos de diversas provincias fueron objeto de actos de intimidación y agresiones.Informes y visitas de Amnistía InternacionalInformesArgentina: Memorial en Derecho Amicus Curiae sobre la incompatibilidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida con el derecho internacional (Índice AI: AMR 13/012/2001/s)Argentina: Amenazas constantes a travestis en la provincia de Córdoba en relación con la muerte de Vanessa Lorena Ledesma (actualización) (Índice AI: AMR 13/015/2001/s)

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