30 de diciembre 2020 - 19:42

Así se informa: Ámbito adelantó el informe de la Bicameral de Inteligencia

En su edición del 28 de diciembre Ámbito adelantó que la lapidaria auditoría apuntó responsabilidades hacia Irurzun y Rodríguez Ponte por haber facilitado copias de las grabaciones al juez de "cuadernos" pese a la negativa de Villena.

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El informe de 132 carillas analizó las actividades y escuchas tramitadas a través de la Dajudeco, el órgano encargado de las pinchaduras telefónicas legales. En la nota se explicó que no solo tomaron elementos normativos, sino que analizó la difusión en medios de comunicación de conversaciones privadas, especialmente las que involucraron a Cristina de Kirchner y Oscar Parrilli. Pero también las que obtuvo Claudio Bonadio de exfuncionarios detenidos en el penal de Ezeiza (lo que se conoció como “Operativo Puf”) y que, de acuerdo a la cronología y a los elementos de prueba recabados, jamás debió haber obtenido de manos de la Dajudeco.

El informe de la Bicameral compromete al camarista Martín Irurzun, entonces al frente de la Dirección -ya que tuvo el doble rol de juzgados y autoridad- y a Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien estaba a cargo del área operativa, había adelantado este medio.

Sus conclusiones se plasmaron a través del análisis de documentos, expedientes y entrevistas a funcionarios, a las que accedió Ámbito. Pero abordaron “una descripción objetiva del rol que tuvo la Dajudeco en los casos que fueron objeto de indebida difusión masiva de conversaciones privadas”. La pinchadura solicitada en una precausa -a cargo de María Servini- y en una causa judicial a cargo de Ariel Lijo totalizaron escucha (en tiempo real) a Parrilli de durante 209 días sus conversaciones privadas. “En ninguna de las dos causas surgieron elementos que permitieran atribuir la comisión de delito alguno. Las conversaciones intervenidas siempre estuvieron bajo exclusiva custodia del personal del Estado Nacional -Jueces, Dajudeco y AFI- hasta su indebida difusión por medios periodísticos”, resaltó el informe.

Este miércoles, la Bicameral de Inteligencia, presidida por el diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, entregó a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner y al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el informe que el Congreso había solicitado para fiscalizar el seguimiento de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), base de una estructura de escuchas ilegales durante el Gobierno de Cambiemos, con la posible participación de sectores de la justicia.

“Es evidente que aquí se estructuró una oficina que se dedicó a la militancia persecutoria. En un país donde atravesamos circunstancias como el terrorismo de Estado nos preocupa muchísimo que se haya tratado de erigir un terrorismo judicial”, indicó Moreau, al tomar la palabra en un acto en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso.

Estuvieron presentes además de Moreau, el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade y su par Eduardo Valdés, y los senadores oficialistas, Martín Doñate y Oscar Parrilli, todos miembros de la comisión.

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