Embanderada en su republicanismo, la oposición no decodificó la dimensión política de la ley para elegir por voto popular a los consejeros de la Magistratura. La trinchera de la defensa de la "independencia judicial" es un libreto de impacto mediático pero ineficaz para bloquear el expansionismo K.
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Antes que se apague mayo, Cristina de Kirchner quiere esa norma activa porque el 22 de junio el Frente para la Victoria anotará, junto con candidatos a senadores y diputados, a sus postulantes al Consejo repartidos en tres clanes: jueces, abogados y esa especie de "afines" que es académicos y científicos.
Como lado B de la avanzada sobre los tribunales, la presidente abraza el viejo axioma K, institucionalizado por su marido que recomienda adaptar el corpus electoral a la urgencia política.
Se nutrió de los dos peronismos del 2005, luego con la Concertación con rezagos de la UCR en 2007, no le alcanzó la picardía de las testimoniales en 2009 y se sirvió de las PASO en 2011.
La elección, por voto directo, de doce consejeros este año -aunque la ley establece que se harán en paralelo a la presidencial- tiene esa matriz: se impone como un recurso de Olivos para nacionalizar el 2013, que se recortaba como un peligroso plebiscito ad hoc sobre una hipotética re-ree.
De los 19 integrantes del Consejo, doce tienen que ser electo en las urnas -seis son legisladores que vota el Congreso y un delegado lo propone el Ejecutivo- amontonados en una sola boleta, para evitar que haya corte, pero repartidos en tres subcategorías.
Con los consejeros en juego, la elección se nacionaliza porque la lista de candidatos a la Magistratura será la única que tendrá status y presencia en todo el país aunque, luego de una corrección reglamentaria en el Senado -¿qué modificará Diputados?- el pliego de consejeros no será el primero de la lista larga sino que estará tercero detrás de los senadores y diputados nacionales, o segundo en las provincias donde solo se voten diputados.
En los distritos como Buenos Aires, en que se elige en simultáneo cargos provinciales y municipales, el tramo Magistratura quedará en medio, entre los de legisladores nacionales y los candidatos locales.
Ese esquema servirá de plataforma para mostrar a una o varias figuras en todas las provincias, como si se trata de una campaña presidencial. Puede ser colectiva -la boleta es de 12, más los suplentes- o centralizarse en un postulante en particular.
La utilidad es múltiple:
• Al nacionalizar la elección, Cristina busca camuflar el efecto de derrotas locales -se esperan resultados negativos al menos en Capital, Córdoba, Santa Fe y Mendoza- con una victoria nacional que, por buenos score en Buenos Aires, Patagonia y el norte, podría rondar los 40 puntos. Matemática pura: el todo como sumatoria de las partes.
• Además de la pretensión de desvanecer los tropiezos provinciales, Cristina pretende computar como propias las victorias de los caciques del PJ y, a su vez, diluir los protagonismos que podrían pretender jerarcas como Juan Manuel Urtubey, José Luis Rioja o Sergio Uribarri con triunfos locales. Todos, al final, sumando para la boleta ultra K.
• En esa línea, Cristina puede convertir al candidato en consejero en la estrella electoral del FpV, procedimiento en el que estará instalándolo como un potencial heredero. De allí que, como versiones y ensayos, hayan sonado los nombres de Eugenio Zaffaroni, Carlos Zannini o Juan Manuel Abal Medina. O, incluso, el de la propia Cristina.
• El cuarto componente perfora a la oposición. Las brigadas anti K no pueden alinearse siquiera en dos bloques y la nacionalización puede convertirse en otro problema: unificar una lista de consejeros, que al igual que los candidatos K adquirirán protagonismo nacional se convertirá en una batalla de egos, que no hará otra cosa que potenciar las tirrias y enemistades actuales.
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