El oficialismo del Congreso intentará enviar a la cárcela todos los procesados por delitos de lesa humanidad durante el último gobierno militar mayores de 70 años que actualmente gozan del beneficio de prisión domiciliaria. Lo hará a través de un proyecto de ley presentado por diputados kirchneristas que busca modificar el Código Penal para que aquellas personas condenadas por delitos de lesa humanidad queden exentas del beneficio de detención en su domicilio.
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El proyecto, que lleva las firmas de los diputados del Frente para la Victoria de Tucumán, Gerónimo Vargas Aignasse y Beatriz Rojkes de Alperovich, se denomina «Reforma de la Ley 24.660 sobre ejecución de la pena privativa de la libertad. Sección Tercera. Alternativas para situaciones especiales, prisión domiciliaria». Esta iniciativa legislativa, que ya cuenta con el visto bueno de la también kirchnerista y presidenta de la Comisión de Legislación Penal, será tratada el martes de la semana próxima en busca de un dictamen mayoritario que sea elevado al recinto.
Andrés Marutián, ex secretario de Política Criminal y autor en 1996 de la Ley 24.660 que hoy el gobierno busca modificar, calificó el intento de «disparate» porque no se puede modificar un régimen de detención moderado en virtud del delito que se cometa. «Si se razonara de esta forma, la excepción a la prisión domiciliaria se podría extender a tormentos y a violaciones», aseguró el experto. Y también sembró sus dudas sobre la posibilidad de aplicar retroactivamente esta reforma legal.
El contenido político del proyecto se comprende teniendo en cuenta la actividad del Congreso previa al 24 de marzo, y más aún, las declaraciones de Néstor Kirchner el día de la conmemoración del 30 aniversario del último golpe de Estado. Ese día, el santacruceño expresó que la Justicia debía ser la encargada de anular los indultos decretados por Carlos Menem que beneficiaban a las cúpulas militares y guerrilleras de la década de los 70. El discurso llegó luego de que, por ley, se convirtiera en feriado inamovible el 24 de marzo.
Ahora, el kirchnerismo especula con la pronta anulación de esos indultos a través de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia y se entusiasma con la posibilidad de ver a Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y hasta Antonio Bussi tras las rejas. Cobraría así sentido un fallo de la Corte, porque la anulación de los indultos no implica necesariamente que los militares beneficiados -muchos de ellos de avanzada edad- terminen sus días en la cárcel, ya que se verían beneficiados con el arresto domiliciario. No es casual que el proyecto haya sido presentado por el hijo del senador Guillermo Claudio Vargas Aignasse, desaparecido durante el gobierno de facto de Bussi. El actual legislador tucumano es uno de los hombres de mayor confianza del Presidente y cultiva un fuerte bajo perfil en la Cámara baja.
«No será aplicable el beneficio a que se refieren los artículos 32 y 33 de esta norma y 10 del Código Penal en los casos en que se tratare de ejecución de penas privativas de libertad por delitos configurados como de lesa humanidad o contra los derechos humanos establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales», dispone el artículo central de la iniciativa que se refiere al beneficio del condenado mayor de setenta años o el que padezca una enfermedad incurable en período terminal, quien podrá cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria.
«Es una excepción a la excepción. En caso de caer los indultos, se deberán ejecutar las condenas ya dictadas. Por eso si esta ley comienza a regir con anterioridad, los represores mayores de 70 años o con enfermedades terminales deberán cumplir sus penas en la cárcel», explicó Vargas Aignasse a este diario.
Entre los fundamentos desplegados por los firmantes del proyecto figuran: «Estos delitos no son aquellos que integran los cuerpos de códigos penales, sino son externos, son delitos de superior pena y de tratamiento diferenciado ya que exceptúan reglas de derecho penal internacional ( prescripción, concurso y sumatoria de penas, extradición, etc.). Por lo tanto, no veo por qué el beneficio de la prisión domiciliaria que se aplica a delitos comunes del Código Penal con penas de privación de la libertad debería otorgárseles a personas que cometieron delitos de lesa humanidad o contra derechos humanos, como el genocidio, la tortura, la segregación étnica, religiosa, política u otro tipo de delito aberrante».
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