Intentan gremios sacar a Moyano de fondo de ayuda a los amigos

Política

Kirchner estima que amortizó los costos: que elevar, muy pronto, a $ 1.050 el sueldo mínimo es un precio justo para lograr la unidad de la CGT y el ficticio del techo salarial de 16,5% que firmó con Hugo Moyano y media docena de caciques más o menos amigos.

Ese planteo -subir de $ 850 a $ 1.050 el mínimo- es una de los tres ítems públicos del temario que se bosquejó para sellar el acercamiento entre los tres grupos en que se bifurcó la CGT luego de San Vicente: el moyanismo, el barrionuevismo y el dúo Martínez-Rodríguez.

En definitiva, será él mismo (Kirchner) -que a través de Carlos Tomada le anticipó esa suba a un contingente de la CTA que lo visitó en marzo- quien anuncie. Llegado el momento, el incremento previa convocatoria al Consejo del Salario, tal como pide la CGT.

En los otros dos aspectos hay unidad de criterio:

  • Rechazar expresamente la incorporación de la CTA en el directorio del PAMI, para lo cual la CGT continuará con un «lobby» en el Congreso para incluir una corrección en el texto que votó diputados y reparte entre las dos centrales las dos butacas que corresponde a la representación gremial. La CGT pretende que el texto sea genérico y diga que en la mesa del PAMI habrá dos delegados sindicales, sin dar más precisiones.

  • Respaldar la política oficial en relación a las AFJP y el sistema de reparto, para lo cual la CGT -luego de una visita de Sergio Massa a la sede de la calle Azopardo- inició un programa de difusión para que los afiliados dejen el sistema privado y pasen al oficial.

  • Aspectos brumosos

    Sobre esos tres puntos preacordados, la CGT otra vez operativa podrá volver a convocar al Consejo Directivo -podría ser el 8 de mayo- que no sesiona desde antes del caos del 17 de octubre en San Vicente durante el traslado del féretro que contiene los restos de Juan Domingo Perón.

    Sin embargo, fuera de esa agenda aparecen aspectos más brumosos que mañana, al mediodía, podría tensar el diálogo entre los diez miembros de la mesa chica de la CGT en la tercera reunión por la pacificación. La primera fue en UOCRA, la segunda en la UOM; ésta será en UATRE.

    El punto más delicado está relacionado con las obras sociales sindicales, algunas de ellas en situación financiera crítica y, sobre todo, a los delegados que la CGT tiene en la Superintendencia de Salud que preside el albertista Héctor Adrián Capaccioli.

    La referencia directa es Juan Rinaldi, abogado laboralista que responde a Moyano, y que está al frente de la Administración de Programas Especiales. Este es un fondo que se integra para cubrir las prestaciones médicas de alta complejidad y de poca frecuencia, que en realidad funciona como un fondo de compensación de agujeros que maneja el gobierno a discreción, o por presión del gremio más fuerte en cada momento. El reproche recurrente de los demás jerarcas de la CGT es que Rinaldi «no es un representante de los gremios sino un representante de Moyano».

  • Pretensión

    Frente a esa vieja queja, como parte de las negociaciones hacia la unidad -reclamada de manera insistente por Kirchner a Moyano- los sectores no moyanistas quieren tener capacidad de decisión en el manejo de APE. ¿Pedirán el reemplazo de Rinaldi? Ganas no faltan.

    Es un asunto añejo. En rigor, las presiones fueron tantas que en 2006 Capaccioli impulsó, en parte, para limitar la incidencia de Rinaldi, la creación de una comisión consultiva para que otros gremios tengan presencia efectiva dentro de la superintendencia.

    Aquel grupo está integrado por, entre otros, Oscar Mangone (Gas), Hugo Vecino ( SMATA), Mauricio Pascuali ( UATRE) y Gerardo Charadía (UOM). Hay que seguir esta última representación porque marca la gravitación que comenzó a tener y se proyecta a futuro en torno al metalúrgico Antonio Caló. De hecho, Caló se convirtió en el décimo hombre de la «mesa chica» que comparten Moyano, Barrionuevo, Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerónimo Venegas (UATRE), Omar Viviani (taxis), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), Vicente Mastrocola (plásticos) y Roberto Fernández (UTA).
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