Interrupción Voluntaria del Embarazo: una mirada desde lo colectivo

Por Sigrid Kunath, senadora (PJ).

Por Sigrid Kunath. - senadora por Entre Ríos (Partido Justicialista)

En pocos días más el Senado de la Nación decidirá si convierte en ley el proyecto que viene con media sanción de la Cámara de Diputados y que establece la legalización y despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina.

Hemos visto un proceso intenso y profundo que se llevó a cabo en la Cámara baja en comisiones primero, con 738 expositores y luego con un debate de los diputados y diputadas y una media sanción donde confluyeron varios proyectos de diferentes partidos políticos. Con una marcada e inédita participación ciudadana, interpelándonos y llevándonos a reflexionar.

Es el turno ahora del Senado, donde promediando el cronograma previsto, se van dando seis jornadas de plenario de comisiones con exposiciones plurales y heterogéneas en cuanto a procedencias y posturas.

Es, sin dudas, un debate que refleja un clima de época en el Congreso. El Congreso debe ser el reflejo de lo que pasa en la sociedad y esto indica la incorporación de temas que se vienen reclamando. La Campaña por el aborto legal seguro y gratuito lleva 13 años promoviendo esta discusión.

En lo personal, la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo es un tema que me ha generado innumerables contradicciones a lo largo de los años. Y si bien parece ser una característica bastante generalizada en cuanto a las reflexiones personales que la puesta en superficie del tema trae, no es para mí el momento de abordarlo desde la auto referencia.

La decisión que he tomado de acompañar la media sanción surge de una definición por lo colectivo teniendo hoy la posibilidad transformadora que nos da la tarea legislativa. Es una definición desde la responsabilidad política, desde este lugar que me toca ocupar hoy.

Ha sido un proceso necesario mirar desde lo plural y desde lo colectivo, dejando de lado cada una de las cuestiones que a todos y todas nos atraviesan, como la religión, las creencias individuales y demás. Han sido -vienen siendo- tiempos en los que es indispensable darle un marco apropiado al debate en cuanto a qué y cómo se discute.

Entendiendo claramente que la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo es un tema de salud pública y que, de aprobarse la ley, habrá una norma que no va a obligar a nadie a hacer lo que no quiere, simplemente va a dar herramientas para que aquellas personas que toman una decisión, puedan hacerlo con todas las garantías que el sistema de salud debe brindar. No se promueve el aborto, se aborda el tema y se sincera la problemática, y se problematiza con la complejidad que implica.

El aborto existe y se produce en la clandestinidad, que es la característica que atraviesa a todas las mujeres por igual, pero es la vulnerabilidad social y económica la que genera mayores riesgos para unas que para otras. Es en este sentido que el Estado debe estar presente para garantizar el ejercicio igualitario del derecho a la salud.

La despenalización y legalización del aborto reduce la mortalidad y la morbilidad materna como lo demuestran las estadísticas de muchos países, las de Uruguay resultan especialmente relevantes por su parecido sociocultural habiendo descendido de 37% a 8% el porcentaje de muertes por esta causa desde la legalización del aborto.

Cabe aclarar que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo no pretende reemplazar ni la educación sexual, ni el acceso a métodos anticonceptivos, es, por el contrario, una ampliación de la plataforma de derechos, es parte de un paquete de salud pública en la que el Estado asume las responsabilidades que le corresponden.

El próximo 8 de agosto, cuando este tema llegue al recinto, será la oportunidad para continuar el camino de la Cámara de Diputados, asumiendo con profundidad el debate. Podremos elegir que los abortos, que forman parte de la cotidianeidad de la sociedad, no sean clandestinos, oscuros o estigmatizantes. Que la salud pública se ocupe del acceso a la salud de todas y en igual manera. Que no haya ciudadanas de primera y ciudadanas de segunda.

Con esta ley se pretende reparar derechos, ampliar la posibilidad de ejercerlos, garantizar las prestaciones de la salud, preservar la integridad física de las mujeres y la posibilidad de no ser juzgadas o sancionadas por tomar decisiones sobre su cuerpo libremente.

Venimos transitando un camino de verdadero debate plural en el ámbito legislativo y vemos hoy que en todos los ámbitos sociales se ha presentado la discusión del mismo. Una mirada diferente sobre un tema que durante muchos años solo era abordado por algunos sectores, pero que hoy se debate legislativamente y esto era una deuda pendiente del Congreso.

Se trata de que abordemos el tema, lo incorporemos sin hipocresía en agenda. De que pongamos la mirada en el lugar del otro y de ser solidarios, de ser empáticos con las razones y fundamentos que la época nos reclama. Nosotros debemos legislar para mejorar la calidad de vida de las personas y asegurar el acceso a los derechos. Creo también que es una oportunidad enorme para entender los profundos cambios por los que transitan las sociedades y como motorizan los debates y las transformaciones, y para reflexionar y repensar como queremos vincularnos los ciudadanos y ciudadanas en estos debates