El jefe de Gobierno porteño pone el foco en la actividad de compra-venta y reparación de teléfonos usados. Por decreto ordenó crear un registro de trazabilidad para identificar comercios, equipos y operaciones para dificultar el ingreso de equipos robados al circuito formal.
La Ciudad instrumentará una serie de medidas para frenar la venta de equipos robados.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, firmó un decreto para endurecer los controles sobre la compra-venta y reparación de celulares usados con el fin de atacar a la comercialización de equipos robados. La normativa reglamenta la Ley 6.009 aprobada en 2018.
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La orden ejecutiva declara por 90 días corridos la emergencia en el rubro de comercialización y reparación de celulares usados en todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, ordena la creación de un sistema de registro y trazabilidad para identificar establecimientos, equipos y operaciones, con el fin de dificultar la incorporación de celulares robados al circuito formal.
“Se terminó la mafia de los celulares robados. Declaramos la emergencia para caerles con todo el peso de la ley. Que quede claro, el que compra un teléfono robado para desarmarlo y venderlo por partes no es un comerciante: es un delincuente que forma parte de una red mafiosa”, sostuvo Jorge Macri tras dar a conocer el nuevo decreto.
Mientras se crea el registro, la medida ordena a la Agencia Gubernamental de Control (AGC) que implemente "procedimientos extraordinarios de fiscalización" con el objetivo de verificar "la legítima compra o tenencia de los celulares, partes y repuestos". Los locales tendrán que acreditar el origen legítimo de los equipos en venta o reparación. Caso contrario, los agentes podrán efectuar la clausura.
Desde la administración porteña informaron que las medidas conforman un esquema escalonado que, además de la declaración de emergencia, incluye la intervención en los barrios focalizada en las denominadas “Zonas de Alta Criticidad”, donde se suspenderán las habilitaciones para realizar la actividad.
Las primeras áreas de intervención encuadradas dentro del decreto serán Retiro–Microcentro, Balvanera–Once, Liniers–Límite Oeste y Chacarita–Villa Crespo.
Allí se suspenderá por tres meses el inicio y la tramitación de nuevas autorizaciones de actividad económica, las transmisiones por transferencia y las ampliaciones de rubro o superficie destinadas a la comercialización o reparación de celulares usados.
“En las zonas de alta criticidad, no se va a habilitar ni un solo local más de ‘reparación de celulares’ y van a tener que demostrar el origen de cada pieza que tengan", aclaró el jefe de Gobierno porteño, en un mensaje publicado en sus redes sociales que concluyó con el clásico lema de su gestión: "Ley y orden”.
"Si robaste un celular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, olvídate de revenderlo. Vamos a endurecer los controles sobre los locales de venta y reparación de celulares usados, y a suspender la habilitación de nuevos comercios del rubro. Se terminó el negocio del robo y reventa", explicó Gabino Tapia, ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde la administración porteña señalaron que el decreto se encuadra dentro del esquema de seguridad "basado en el orden y el respeto por la ley" que, según aseguran, permitió en el último tiempo reducir el delito a mínimos históricos en el territorio porteño, tanto en robos como en homicidios.
Se suma al plan de ordenamiento urbano implementado por Macri desde diciembre 2023 que incluyó el desalojo de 670 cuadras de manteros que ocupaban parques, plazas y veredas comerciales; los operativos de control en los límites de la Ciudad y de saturación en los grandes centros de transporte; la recuperación de más de 900 propiedades usurpadas que fueron devueltas a sus dueños y el control estricto sobre las nuevas construcciones en barrios y villas como la 31 y La Carbonilla.