Juicio Oil: tras segunda audiencia de alegatos se estira misterio de hacia dónde apuntará la fiscalía

Política

García Elorrio volvió a emplear la estrategia del "resumen" de algunos tramos del debate oral sin dejar ver hacia dónde se dirigirá la acusación para el pedido de condena que ya adelantó. Escogió testimonios que son contradictorios entre sí y algunos documentos que benefician a la defensa.

El fiscal general Juan Patricio García Elorrio continuó ayer su segunda audiencia de alegatos en el juicio Oil Combustibles y avanzó en su modalidad de “resumen” de lo que consideró los principales hechos del proceso y de los testigos que declararon en los últimos dos años, camino que había iniciado en su primera intervención. Pero todavía no dio indicios de qué dirección tomará la acusación, por qué delitos y con qué elementos de prueba los va a valorar, más allá de haber comenzado la semana pasada anunciando que iba a sostener la acusación en el tramo final del juicio. La incógnita respecto a este punto es central, pero se estirará hasta la siguiente audiencia de alegatos prevista para el jueves próximo, último turno del fiscal (que anticipó que podría pedir sumar más tiempo) para escoger con qué apuntalará su pedido de condena. Es que la exposición del fiscal no da pistas respecto a cuál es la hipótesis que guiará porque los testigos y documentos que ha introducido desmienten –por momentos- algunos de los pilares sobre los que se montó la causa, o se contradicen entre sí. Lo mismo ha pasado con las piezas documentales. Todavía no se mencionó aun el peritaje de la Corte Suprema, en este caso.

Uno de los ejes principales de esto quedó de manifiesto ayer cuando se puso sobre la mesa la posibilidad de que en los dos planes generales de la petrolera por los que están sentados en el banquillo Ricardo Echegaray, Cristóbal López y Fabián De Sousa pudiesen haber estado “normativamente incumplidos”, pero “sistémicamente vigentes”, lo que permitía al contribuyente reformularlos en nuevos planes, porque no se registraba su caída, lo que tampoco aparecía en los sistemas de AFIP, que corrían automáticamente desde las áreas centrales. Mismo dilema ocurrió cuando la fiscalía retomó el testimonio del exsabueso Carlos Bo, que insistió en que su única participación en el caso Oil fue sugerir su pase a Grandes Nacionales por la magnitud de la firma, pero resaltó que eso propiciaba controles superiores en esa dependencia especializada. Sin embargo, también citó a continuación a Sergio Flosi, que dijo que los controles en una Agencia -como la que estaba Oil- eran “exactamente iguales” por el segmento en el que se encontraba la empresa. Y que en una eventual intimación, la diferencia era apenas de días. “Esto no era para ir a la guerra”, repitió el fiscal lo que Bo informó y que en su momento fue muy celebrado por las defensas.

Oscilando entre testimonios que exculpaban y otros que dejaban trascender alguna irregularidad (que por ahora no explicarían el cargo de defraudación al Estado) se desarrolló la segunda audiencia de alegatos que podría considerarse en tono “aséptica”. Es decir, el fiscal resumía tramos de declaraciones y exhibía los puntos de documentación que escogió pero sin asignarles una orientación específica o dejando entrever por qué resultarían relevantes para sostener los cargos. Introdujo el informe de situación fiscal de Fabián Barroso (casi fundacional dentro de la AFIP para el inicio del caso) donde se detallaba que Oil adhirió a 201 planes de pago a lo largo de su historia por un monto global de $10 mil millones, 192 por el Impuesto ITC. De ellos, 107 fueron cancelados (pagados en su totalidad), 37 resultaron caducos y 41 fueron reformulados en otros planes. La palabra clave que repetía ese informe es “regularizados”. Es decir, quitaba del medio la chance de que hubiese deuda exigible que el fisco pudiera reclamar.

El informe de Barroso recorrió varios tramos, junto a las auditorías N°14 (muy cuestionada bajo la sospecha de que fue amañada) y unas pinceladas de la N°15, cuyas conclusiones resultaron clave para el denominado “tramo 2” donde la AFIP también se apartó de ser querellante porque no encontraba delito que adjudicarles a los funcionarios que tramitaron los planes especiales por el Artículo 32. Parte de las conclusiones de Barroso fueron compartidas por Flosi: Oil era “un contribuyente que había recurrido reiteradamente a planes de facilidades y estaba dilatando el ingreso mensual de su obligación. Todos los planes estaban vigentes. No había deuda exigible”. La deuda estaba financiada, por lo tanto su área no tenía que tomar ninguna acción. Y que lo reprochable era que en la oportunidad en que la empresa no cumplió con los requisitos del plan dejando de pagar algunas de las cuotas, en lugar de caerse, la AFIP, de forma automática permitió “rehabilitarlos” por sistema.

“Apalancamiento”, fue uno de los términos que el fiscal mencionó reiteradamente en boca de algunos testigos para mencionar una de las hipótesis iniciales: citó a aquellos que habían mencionado que veían una correlación entre la mayor deuda con el fisco y los préstamos a empresas relacionadas al Grupo que crecían a la par. Sin embargo, puso a discutir entre sí a testigos que afirmaban que el holding estaba creciendo y podía ser mayor su capacidad contributiva auxiliando a sus firmas relacionadas y otros que en realidad se estaba descapitalizando a la petrolera de su “patrimonio neto”. Tampoco quedó claro si García Elorrio compartía que esos préstamos entre compañías relacionadas eran un “adelanto de dividendos” (algo prohibido entre los requisitos de los planes especiales) ya que a esa tesis le contrapuso la de otro testigo que mencionó que no podía asignarles esa categoría a los préstamos ya que debían cumplir con otro procedimiento para ser considerados así.

El fiscal remarcó -siempre a través de los tramos que eligió- otro detalle no menor: tanto Deloitte, como comisión fiscalizadora, y los que confeccionaron los informes desde AFIP, veedores, e interventores aseguraron “siempre” que la empresa tenía asentada su deuda con el fisco de manera legal y adecuada y que su contabilidad reflejaba la realidad económica de la empresa.

Por tramos se retomó qué tanto había cumplido con acreditar una condición de “crisis económico financiera” para solicitar acogerse a los planes, pero también se puso de manifiesto que el margen de sus operaciones había decrecido y que sus balances arrojaban pérdidas en los últimos tres años.

Con mucho misterio, García Elorrio se asoma a la tercera ¿y tal vez cuarta? audiencia de alegatos en las que se espera que la acusación defina qué pruebas quedan en pie para sostener un pedido de condena que tenga relación con toda la información de contexto que ya expuso en su resumen.

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