Justicia confirmó el referendo revocatorio de Goye

Política

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro rechazó dos recursos del suspendido intendente de Bariloche, Omar Goye, contra el proceso de revocatoria en su contra, y avaló la recolección de firmas completada días atrás, informó el Poder Judicial provincial.

Goye había cuestionado a través de un mandamus el proceso en general, y mediante otra acción similar pidió que la justicia anule la junta de firmas exigida por la Carta Orgánica Municipal y realizada por la Junta Electoral de Bariloche, ambas rechazadas en las sentencias 15 y 16, publicadas en el sitio web judicial.

Entre otros cuestionamientos, Goye aseguró que la Junta Electoral no controló la autenticidad de las firmas, pero el STJ aprobó el sistema de recolección usado, mediante funcionarios públicos de la jurisdicción local, provincial y nacional, y la actuación según lo ordena la Carta Orgánica a ese organismo.

También el STJ rechazó la "acción declarativa" promovida por el intendente suspendido contra la revocatoria del cargo, por considerar que la norma de la Carta Orgánica no fue reglamentada, en función del dictamen de la procuradora general Liliana Piccinini, quien consideró "inadmisible" el recurso.

Con este aval, el proceso de revocatoria continuará con el referendo popular del 7 de abril próximo, en el que la ciudadanía decidirá por mayoría simple si revoca o no el mandato de Goye.

Por otra parte, el Tribunal de Contralor municipal promovió una denuncia penal por "malversación de fondos" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público" contra el intendente suspendido.

La denuncia se basa en el financiamiento dispuesto por el intendente para campañas promocionales que llevó adelante Guillermo Pereda, quien no es funcionario público ni fue designado formalmente para representación municipal alguna.

También incluye acuerdos de compensación de deuda entre la Municipalidad y la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), que fueron impulsados por Goye en forma irregular, según consideró el Tribunal de Contralor.

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